El 22 de febrero del 2012, 52 pasajeros fallecieron tras la embestida del Ferrocarril Sarmiento contra el paragolpes de contención en la estación de Once, suceso conocido como la Tragedia de Once. Y a poco más de ocho años del accidente y un proceso judicial de por medio, el hecho reflotó por los dichos de Marcos Córdoba, el maquinista que manifestó haber anulado el sistema de frenos. «No me sorprende. Córdoba no dijo nada que ya no había dicho. Trascendió como ‘confesión’, algo novedoso, pero fue lo que le dijo al juez Bonadío en su indagatoria y lo que siempre sostuvo durante el proceso oral y público en 2014 y 2015″, aclaró María Luján Rey, diputada nacional y madre de Lucas, una de las víctimas.

En diálogo con Otra Oportunidad en Radio Urbana B.A., cuestionó los pedidos de prisión domiciliaria («cada uno de los que están cumpliendo penas pidieron tener beneficios»). Además, agregó que «escuchar declaraciones de un condenado por la muerte de 52 inocentes, siento que es volver a victimizar a cada una de las familias de las víctimas de la Tragedia de Once».

«(Marcos) Córdoba está cumpliendo una pena porque fue condenado,

tuvo una actitud negligente y, evidentemente, algo no hizo bien»

Cabe recordar que el 18 de marzo del 2014 y el 27 de septiembre del 2017 se llevaron adelante el primer y segundo juicios, respectivamente. El primero contó con sentencias de primera y segunda instancia, en las que se condenaron, entre otros, a Claudio Cirigliano (ex Presidente de Trenes de Buenos Aires S.A.), Juan Pablo Schiavi (ex secretario de Transporte de la Nación al momento del suceso), Ricardo Jaime (secretario de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009) y el ya mencionado Marcos Córdoba, maquinista del ferrocarril de «Chapa 16». En el segundo, Julio de Vido (ex ministro de Planificación) fue enjuiciado y condenado no por el estrago ferroviario de 2012, sino por administración fraudulenta.

«Algunos se olvidan que hubo un proceso judicial, una investigación y un juicio, en el que tuvieron la posibilidad de defenderse, aportando su pruebas, diciendo sus verdades y la Justicia los condenó en un tribunal, la Cámara de Casación revisó el fallo, ratificó las penas y agravó algunas, como la de Jaime», expresó la funcionaria de Juntos por el Cambio.

Además, agregó que «los grados de responsabilidad están determinados por las penas que se han impuesto» y recordó que los «dos peritos que sostuvieron que el tren frenaba, hoy enfrentan un procesamiento por falso testimonio».

Por otro lado, se refirió al contexto de la última declaración de Córdoba, asentada en un informe elaborado por la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco. «Me sorprende que trascienda un informe médico que debería tener secreto profesional y que le hagan preguntas sobre la causa. Deberían evaluar el estado psíquico y emocional, no juzgar algo que ya juzgó la Justicia», remarcó. Asimismo, resaltó que la abogada defensora de Córdoba, Valeria Corbacho, hizo una denuncia en función de ésto porque era impropio adentrarse en esas preguntas en el marco de esta pericia.

Y por último, si bien aclaró que hasta el momento no inició ninguna causa, habló de las amenazas que sufrió ella y miembros de su familia en los últimos años: «Volver a ser objeto de injurias y calumnias, genera bronca, cansancio. Ninguno merecemos volver a pasar por lo que pasamos. Hay cuestiones, límites que no se pueden cruzar y ninguna diferencia puede justificar semejante maldad, como publicar fotos de mi nieta: Lara hoy es una mujer, creció con el dolor de haber perdido a su hermano, pasó su adolescencia en la búsqueda de justicia y soportó muchas veces este tipo de mensajes», concluyó.