La disputada situación de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires registró este miércoles un nuevo y polémico episodio: la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5859.

En la práctica la norma limitó ilegítimamente el derecho de los profesionales inmobiliarios a cobrar la remuneración correspondiente por los servicios que legal y legítimamente brindan a los inquilinos.

La decisión se dio en base a los amparos presentados por el Centro de Corredores Inmobiliarios (CECIN), la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios (CRCI) y 75 Corredores Inmobiliarios matriculados, y revoca la arbitraria sentencia emitida por el Juez de Primera Instancia, Dr. Lisandro Fastman, en agosto de 2018.

«Hoy es un día histórico para nuestra profesión», expresó Armando Pepe, Presidente de CUCICBA, «Gracias al esfuerzo y compromiso de nuestras instituciones y de todos los profesionales matriculados logramos que la Justicia reconozca que la verdad y el Derecho nos asisten frente a la ilegítima Ley 5859», agregó.

En su fallo, la Cámara expresa con claridad que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que el inquilino tiene carácter de «comitente» y, por tanto, le corresponde el pago de honorarios al Corredor que interviene en la operación.

Asimismo, la Cámara rescata que las partes ya poseen facultades para convenir el monto de una comisión de corretaje, con lo cual la legislatura porteña no tiene facultades para modificar en contrario cuestiones normadas por el Código Civil y Comercial de la Nación, detalla Reporte Inmobiliario.

La Ley N° 5859 fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad en agosto de 2017, y representó un inconstitucional avance del Estado sobre una actividad legal y profesional llevó, hasta ahora, al cierre de más de 600 inmobiliarias.