Junto a su ex jefe de gabinete y su ex ministro de Salud habían sido denunciados por Elisa Carrió por un negociado vinculado a la construcción de salas de atención médica
El fiscal Álvaro Garganta pidió hoy que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli vaya a juicio por diversas irregularidades y negociados durante su gestión. El fiscal hizo el requerimiento para elevar un tramo de la causa en la que están acusados el ex mandatario, su ex ministro de Salud Alejandro Collia, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez -entre otros ex funcionarios- y el empresario Ricardo Miller. Según fuentes judiciales, son cinco casos distintos dentro de la megacausa iniciada por Elisa Carrió. Ahora, la decisión quedó en manos de la jueza de Garantías Marcela Garmendia.
El primer caso involucra la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli. La Justicia determinó que muchas de las empresas convocadas para concursar no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o directamente se dedicaban a otro rubro. Todo con el fin de direccionar la contratación a favor de Miller.
De acuerdo con las pruebas analizadas por Garganta, esto ocurría como consecuencia de «la relación personal y comercial que el gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario, y además, por las dádivas que el primer mandatario recibía de éste por su rol».
En su indagatoria, el ex gobernador Scioli declaró no haber recibido «nunca dádivas de ninguna persona» y sostuvo que «todas las contrataciones» durante su gestión fueron realizadas «en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad».
Según concluyó el fiscal en un dictamen al que accedió Infobae, hay tres hechos vinculados a esta operatoria de los cuales se desprenden diversas responsabilidades penales. Todos reflejan una misma mecánica: funcionarios de la administración que lideraba Scioli fueron presionados para adjudicar obras públicas a la empresa Miller Building S.A.
Miller es el empresario que le alquilaba a Scioli un terreno de 41.000 m2, que terminó comprando en USD 3.850.000. La Justicia comprobó que ese lugar no se usaba. En realidad, se abría solo para eventos familiares, como el cumpleaños de Miller, a quienes muchos apodan el «Lázaro Báez» de Scioli.
La megacausa contra Scioli se inició por una denuncia de Elisa Carrió. A Scioli y Collia se les imputa en calidad de instigador los delitos de tráfico de influencias pasivo y en calidad de autor del tráfico de influencias pasivo.
El requerimiento de Garganta incluye cinco causas desdobladas (de un total de ocho) donde también figuran los negociados en Aguas de Buenos Aires y en IOMA.
En el caso de ABSA, la Justicia comprobó que el entonces presidente de la entidad, Guillermo Scarcella, direccionó la contratación del servicio de «Alquiler de camiones desobstructores», y «Alquiler de camiones cisterna», lo que significó un total de 22 contrataciones irregulares por un valor de $62.716.000. La empresa beneficiada era D.A.S.A., cuyo titular mantenía un vinculo comercial y personal con Scarcella.
