En el mundo del revés se sancionan las leyes pensando en modificarlas. Lo importante es aprobarlas. Tal como pasó con la Ley Impositiva sancionada por la Legislatura bonaerense hace unos días. Se sabía que iba a traer repercusiones entre los sectores más afectados, en este caso el campo y los puertos… ¿Por qué no se introdujeron las reformas antes de aprobarla? ¿Por qué sancionar una Ley a sabiendas que necesitará ser “remendada”?

Lo que podría parecer un sinsentido se puede captar mejor como una estrategia política desde el Ejecutivo provincial.

Sin lugar a dudas el gobierno de Daniel Scioli conocía las repercusiones que tendría la ley y sabía que, antes o después, debería negociar.

Ahora bien, si la norma ya fue aprobada, el Ejecutivo tiene otra posición dentro de esa negociación: no es lo mismo consensuar para sancionar una ley que modificar una ya existente. En definitiva, a los sectores interesados les urge llegar a un acuerdo por lo que están dispuestos a ceder más de lo pensado en un inicio.

Tal situación se vio reflejada el viernes pasado en la reunión que mantuvieron las autoridades de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) y los representantes de la Mesa Agropecuaria provincial; y en la que se acordaron las modificaciones al Inmobiliario Rural, que deberán ser ratificadas por el Ejecutivo antes de ingresar en la Legislatura.

Según trascendió, el acuerdo consiste en retrotraer el revalúo fiscal al 2003 -ya que los productores concuerdan que el del 2005 produce inequidades- con aumentos en el impuesto que varían del 39% al 20%, continuando con la exención total para los municipios más afectados por la sequía.

Pero algunos de los dirigentes agropecuarios firmaron el acta de acuerdo en disconformidad, tal fue el caso de Jorge Solmi de Federación Agraria Argentina, ya que buscaban un tope en el aumento del 20%.

Otros, como el dirigente de Coninagro en la provincia, Mario Raiteri, expresaron justamente que en el contexto actual urge la necesidad de lograr un acuerdo.

En este sentido Raiteri señaló que el acta fue firmada “porque estamos con la espada de Damocles sobre la cabeza de los productores y por el tema tiempo, que nos apremia”.

Mientras tanto, hoy continuaban las negociaciones con el sector portuario. Según trascendidos, se acordaría una suspensión de la medida de 90 a 180 días, durante los cuales se prolongaría el diálogo a fin de convenir una reforma al gravamen de la carga y descarga en las terminales portuarias.

Una de las alternativas estudiadas puede ser el aumento en la alícuota de Ingresos Brutos para dicha actividad.

Lo cierto es que Scioli, con una Legislatura en la que el quórum automático ya está comprometido y donde el oficialismo se ve obligado cada vez más a consensuar con la oposición, logró aprobar con celeridad una Ley que busca lograr nuevos fondos para una provincia aquejada por el déficit.

Las reformas venideras, fruto de las negociaciones, evitan desterrar del todo la imagen “dialoguista” del gobierno, prácticamente perdida al momento de la sanción. Y al mismo tiempo, el diálogo del Ejecutivo se establece desde una posición de renovado poder, ya que con la norma aprobada los dirigentes agropecuarios y portuarios se ven apremiados a lograr un acuerdo.

Por Laura Elisandro