Se trata de Raúl Alejandro Luis Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud. Se lo acusa de abuso de autoridad por mandar a reserva tres expedientes administrativos en los que la compañía había sido sancionada.
Un ex funcionario del Ministerio de Salud de la Nación fue procesado por beneficiar a la empresa Farmacity, fundada por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, al decidir mandar a reserva tres expedientes administrativos en los que la compañía había sido sancionada.
El procesamiento, indica el portal Infobae, lo ejecutó el juez federal Sebastián Ramos por el delito de abuso de autoridad. Además se le trabó un embargo de dos mil pesos. Según el magistrado, «en al menos tres expedientes, Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían».
Farmacity había sido multada en 2014 tras una inspección en su local de la avenida Córdoba al 1800 porque se reemplazó a un farmacéutico «sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional» y por utilizar «un libro recetario sin rúbrica o habilitación».
El caso estaba en el Ministerio de Salud para su aprobación y el 5 de abril de 2017 se presentó una persona de Farmacity con un poder firmado en 2011 por Quintana y solicitó que se levante la sanción.
Tras ese pedido, Ramos pasó a «reserva» los expedientes sin resolverlos. El funcionario fue denunciado por María Isabel Reinoso, en representación de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). La fiscal federal Paloma Ochoa imputó al ex funcionario y se inició una investigación.
En la causa declararon tres funcionarios del Ministerio de Salud que coincidieron en señalar que la sanción estaba en condiciones de ser resuelta antes de que Ramos la haya puesto en reserva.
Ramos en su indagatoria señaló que tomó esa decisión por la sobrecarga de trabajo, la acefalía de varias áreas y porque estaba en trámite la transferencia a la ciudad de Buenos Aires sobre la materia.
«No obstante, la existencia de las circunstancias alegadas a modo de justificación para imponer la reserva de los expedientes, no imposibilitaba que Ramos, como autoridad, emitiera el acto administrativo que le era debido conforme la normativa aplicable», resolvió el juez Sebastián Ramos.
También agregó que «debe tenerse en consideración que durante el período en el que se proyectara el Convenio, otras sanciones fueron impuestas a diferentes farmacias por infracciones enmarcadas en la Ley 17.565 de «Ejercicio de Actividad Farmacéutica».
