Frente al último plan se seguridad anunciado por el gobierno nacional, difundimos la opinión de Matías Lobos, ex subsecretario de fronteras y de formación policial de la Nación.
Por Matías Lobos, ex Subsecretario de Fronteras y de Formación Policial de la Nación.
Una vez más asistimos al anuncio de un plan de seguridad que pone el foco en recursos materiales y humanos asignados a la política de seguridad. Se mencionan casi 40.000 millones de pesos destinados a móviles policiales, botones antipánico y cámaras de seguridad en las paradas de colectivos, nuevas unidades carcelarias y despliegue operacional de efectivos de fuerzas federales en territorio de la Provincia de Buenos Aires, entre las medidas más relevantes. También se anuncia la intención de darle participación a los ejecutivos municipales en la implementación del plan anunciado. Imposible no estar de acuerdo en que se destinen fondos a la seguridad y se les de juego a los intendentes que lidian con los problemas concretos de inseguridad en el día a día.
Ahora bien, para que un plan de seguridad sea efectivo debemos pensar la filosofía que lo sustenta y el modelo de gestión con el cual se van a instrumentar los recursos materiales y humanos asignados.
Respecto a la filosofía que alimenta un plan de seguridad, la misma debe reconocer a la inseguridad como un problema y a la sociedad como víctima de las acciones delictivas. Si la inseguridad se considera solo un fenómeno vinculado a las cuestiones de inequidad social, lo más acertado es disolver el ministerio de seguridad y subsumirlo en una agencia gubernamental dependiente de desarrollo social. Si se considera a los delincuentes víctimas sociales y a las cárceles como instrumentos de opresión social de las clases explotadas, lo más racional es cerrar las mismas y orientar el tratamiento de los presos bajo la órbita de una agencia estatal que se encargue de los temas sociales. La política de seguridad que se ha ejecutado hasta el momento por el actual gobierno se ha guiado por las premisas descriptas, motivo por el cual existen sobrados argumentos para saber que los recursos anunciados caerán en bolsa rota.
En lo que respecta al modelo de gestión con el que se usarán los recursos, consideramos vital entender que el mismo se debe orientar sobre tres ejes fundamentales, ya que los anuncios efectuados no dijeron nada respecto a ellos.
El primero, desarrollar y consolidar unidades de análisis científico y metódico del delito; habida cuenta que el 90% de los delitos ocurre en el 10% del territorio, lo que implica concentrar el despliegue de policías y patrulleros de manera predictiva y anticipatoria en puntos calientes, permitiendo optimizar los resultados con los recursos asignados.
El segundo, construir modelos de intervención territorial con planes que articulen de manera coordinada la inteligencia criminal con el despliegue operacional; teniendo en cuenta que la inteligencia criminal es el cerebro de la política de seguridad, y el despliegue operacional son los músculos de la misma.
Y tercero, dirigir políticas hacia las instituciones policiales que muestren con hechos concretos la valoración social que les damos a los integrantes de las mismas. Mencionamos tres hechos concretos que deben generarse: sueldos dignos, formación policial permanente de alta calidad, y planes de carrera objetivos y con incentivos para el crecimiento profesional.