La emergencia administrativa en el ministerio de Salud bonaerense, que suspende el pago a proveedores por 180 días, comenzó a regir a partir de ayer (el decreto fue publicado en el Boletín Oficial). Y desató una ofensiva de la oposición: legisladores ultiman detalles para la presentación de una demanda penal.

Uno punto polémico del decreto, que lleva la firma del ministro de Salud, Claudio Zin, y del gobernador, Daniel Scioli, es que autoriza a la cartera sanitaria a que, “durante un plazo razonable, efectúe las contrataciones necesarias utilizando para ello normas de excepción previstas en la ley de Contabilidad, la ley de Obras Públicas, en el Código Fiscal, y establecer que las intervenciones necesarias de los organismos de asesoramiento y control se requieran una vez finalizado el trámite administrativo”.

En otras palabras, según distintos sectores de la oposición, el decreto le otorga “superpoderes a Zin”, para realizar contrataciones directas. Y, le quita facultades a los organismos de contralor, que tienen la función de garantizar la transparencia en la gestión.

Tanto los senadores provinciales de la UCR, como de la Coalición Cívica (CC), presentaron sendos pedidos de interpelación, con el objetivo de que Zin concurra a la Legislatura para dar precisiones sobre los alcances de la medida.

“Nuestro pedido debe ser tratado sobre tablas en la sesión de mañana (por hoy). Si no prospera, con la diputada Marisel Etchecoin Moro tenemos lista la denuncia que presentaremos ante la fiscalía de turno para que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios”, afirmó a Walter Martello, legislador de la CC. La demanda apunta a funcionarios de la actual gestión, como así de aquellos que estuvieron en esa cartera durante el gobierno de Felipe Solá.

Martello agregó: “Tenemos sospechas de que el decreto sería inconstitucional. Es una medida que sólo se puede aplicar en situación de catástrofe, y no parece ser este el caso. Si el decreto está motivado en presuntas irregularidades, Zin tendría que haberse presentado a la Justicia y hacer la denuncia, algo que hasta el momento no concretó”. Por su parte, el titular del bloque de senadores radicales, Jesús Porrúa, opinó que el decreto no tiene una “explicación lógica”.

El artículo 2° del decreto suspende en el ámbito de la cartera sanitaria, por el término de 180 días, el trámite de reconocimiento de gastos por prestaciones de servicios, insumos y obras originadas en contrataciones que carecen del acto administrativo aprobatorio, provistos hasta 31 de diciembre de 2007. También establece que las personas físicas o jurídicas, que son proveedoras del ministerio, deberán presentarse en los próximo 15 días a fin de “verificar su deuda”.El IOMA quedó al margen de las disposiciones mencionadas.