Una Plaza de Mayo radiante, no sólo por el día de calor extremo, sino por los ánimos, los rostros, las banderas, las consignas, los motivos.

Dar por tierra al actual Decreto-Ley de radiodifusión 22.285, firmado por Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz, encierra muchas cosas, que no hacen únicamente a la forma y fondo del buen empleo de los medios de comunicación, significa mucho más que eso.

El actual Decreto Ley de la dictadura, fue modificado varias veces, con la característica que esas modificaciones no hicieron más que beneficiar a los monopolios reinantes, profundizando su concentración. Jamás consideraron a la comunicación en términos de derecho ciudadano o patrimonio público. Sus bases tienen que ver con el negocio, y el negocio, así entendido, prioriza el poder y el dinero por sobre el ser humano.

Este nuevo Proyecto de Ley significa equidad, autenticidad, libertad. Significa abolir hasta el último resabio de lo que pueda quedar de la época más sangrienta de nuestra historia. Significa barajar y dar de nuevo, dejar de poner el dinero y el poder, por delante de los derechos de todo un pueblo. Un pueblo capaz de elegir sin que le digan qué y cómo tiene que pensar, significa poder acceder libremente sin que medien los de siempre, sin tener barreras invisibles para la construcción del pensamiento y la expresión de nuestras voces.

Significa garantizar la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión.

Con la aprobación de la nueva Ley, el total del espectro de radio y televisión se dividirá en tres partes iguales, un tercio para el sector privado (hoy tiene el 95%), un tercio para el Estado, y un tercio para las organizaciones sin fines de lucro, como Sindicatos, Cooperativas, Fundaciones, Asociaciones Civiles, etc.

Desconcentración y Democratización en la propiedad de los medios, plantea un avance histórico en una Democracia que, ha tardado mucho tiempo en planteárselo, pero que hoy lo está haciendo, a contra marcha de tantos, que ven en esto un atentado directo hacia ellos, quienes se creían, hasta ahora, intocables e inamovibles de su lugar de detentadores del espacio de la palabra, en todas sus formas.

Uno de los objetivos centrales de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el de proteger los bienes culturales, en defensa concreta de los trabajadores y creadores, artículo abaratando el acceso del ciudadano a la información.

El artículo 75º, inc. 19, de la Constitución de la Nación Argentina expresa: “…dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales…”

El camino que plantea el Proyecto del Ejecutivo de la nueva Ley de Medios es éste, que se respete y se cumpla y se haga efectivo lo que el artículo 75º de la Constitución Nacional dice, en su inciso 19.

Quien se opone a que esto sea una realidad tiene sus motivos, que plantearán como válidos en todos los canales y todas las páginas de diarios, que tienen a disposición. Claro está, no dirán de manera transparente que el móvil es el dinero, en su expresión más cruel y siniestra, y lo que éste representa, el poder como fin primero y último.

Nadie que se autoproclame democrático tiene sustentos legítimos para oponerse a esta nueva Ley. El argumento, más infantil y ridículo, que anduvo circulando estos últimos días, alegando que este Congreso no puede legislar en lo referente a la nueva Ley de Medios, porque el 10 de diciembre cambian algunas bancas es incoherente. Si seguimos esta línea de análisis deberíamos pensar entonces que: ¿ninguna Ley aprobada en el Congreso de acá al 10 de diciembre, tiene legitimidad? Es evidente que, quienes se sirven de este irrazonable argumento, son movidos por otros intereses. Y la pregunta se redobla entonces y me pregunto: ¿qué los lleva a querer seguir manteniendo una Ley de la dictadura?

Ernestina de Noble, que de noble tiene sólo el apellido, le debe por ejemplo, sus dos hijos, Marcela y Felipe, adoptados durante la dictadura, y sobre los que existen serias sospechas de tratarse de apropiación ilegal de menores. La Corte Suprema de Justicia de La Nación fue acusada de fraude, tras el pedido a la Cámara de Casación para que atendiera el reclamo de Marcela y Felipe ¿Noble?, quienes rechazan extraerse sangre para que sea cotejada con el Banco de Datos Genéticos. Claro que esto no fue noticia, no salió en ningún gran diario argentino, porque quienes manejan los hilos de esta “marioneta mediática” no van a tirarse tierra ni ellos mismos, ni entre ellos mismos.

Muchas cosas están en juego, y una vez más las veredas se distancian y las voces se enfrentan, de un lado, los mismos de siempre, levantando la bandera de lo antipopular, más allá que adopten camuflajes populares y palabras que a los oídos de muchos distraídos pueden parecer reales. Pero no nos confundamos.

El proyecto sobre la Nueva Ley de Medios ya fue presentado en el Congreso de La Nación, previo a este paso se ha discutido, democráticamente, se han abierto infinidad de foros para darle cuerpo al Proyecto; de hecho habrá muchos puntos que deberán ser modificados, o no, pero la posibilidad de hacerlo existe. Lo central es la desconcentración monopólica, la democratización real de la información, garantizar el acceso, desde el abaratamiento, la pluralidad, la diversidad, la posibilidad de decir sin nadie que nos diga qué, cómo y cuándo.

La dictadura más atroz y sangrienta no sólo nos robó, mató, desapareció a 30 mil Compañeros. Parte de su plan siniestro fue robarnos también la palabra, hoy, después de tantos años, tenemos la oportunidad histórica de recuperarla.

Se imponen tiempos de decir, en voz bien alta y es responsabilidad de todos, como ciudadanos, hacer valer nuestra Democracia.

Por Mara Fernández Brozzi