Mientras el vocero promete presentar su declaración jurada antes del 15 de junio, el magistrado que analiza su patrimonio integrará una delegación oficial encabezada por el ministro de Justicia. La coincidencia generó ruido en los pasillos de la Casa Rosada y de Comodoro Py.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó en los últimos días un dato que despertó comentarios tanto en los tribunales federales como dentro del propio Gobierno. El juez Ariel Lijo, que tiene a su cargo la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial, viajará a París en la misma comitiva oficial que encabezará el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La misión argentina participará entre el 15 y el 19 de junio de las reuniones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional dedicado a la prevención del lavado de dinero. Mahiques liderará la representación nacional y estará acompañado por una delegación compuesta por funcionarios y especialistas técnicos.
Entre los invitados aparece Lijo. El dato llamó la atención porque el magistrado concentra algunas de las investigaciones más delicadas para la administración libertaria. Entre ellas figura el expediente que busca determinar si la evolución patrimonial de Adorni resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario.
Según trascendió en ámbitos oficiales, la invitación al juez surgió desde sectores del Gobierno vinculados a la organización de la delegación. Lijo aceptó participar del viaje. También formará parte de la comitiva Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema.
La coincidencia adquiere especial relevancia porque se producirá justo cuando Adorni prometió presentar finalmente su declaración jurada patrimonial, un documento que la Justicia considera clave para avanzar en el análisis de su situación económica.
El jefe de Gabinete aseguró que la presentación no pasará del 15 de junio. La fecha tampoco parece casual. Cuatro días antes comenzará el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, un evento que monopolizará buena parte de la agenda mediática global.
En el entorno del funcionario explicaron la demora por dos razones. Por un lado, señalaron cuestiones vinculadas a la estrategia jurídica de la causa. Por otro, mencionaron la intención de evitar que la presentación apareciera como una respuesta a los cuestionamientos políticos que recibió durante las últimas semanas.
La presión interna aumentó después de los reclamos públicos para que difundiera su patrimonio. Ese escenario empujó al vocero a fijar una fecha límite para cumplir con el trámite ante la Oficina Anticorrupción.
Mientras tanto, la fiscalía avanzó con distintas medidas para reconstruir el movimiento patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI), que elaboró un relevamiento detallado sobre bienes, ingresos y operaciones financieras.
La pesquisa puso bajo la lupa la compra de inmuebles, viajes al exterior y movimientos vinculados al universo de las criptomonedas. Los investigadores intentan establecer si esos gastos y adquisiciones encuentran respaldo suficiente en los ingresos declarados por la familia.
En paralelo, también circularon versiones sobre posibles intentos para acercar posiciones entre Adorni y quienes intervienen en la investigación judicial. Sin embargo, esas gestiones no prosperaron.
La situación incorpora además otro elemento político. Mahiques aparece identificado dentro del oficialismo con el espacio que responde a Karina Milei. Lijo, en cambio, suele ser ubicado por distintos actores del sistema político dentro de la órbita de influencia de Santiago Caputo. Esa disputa interna atraviesa desde hace meses distintos capítulos de la gestión libertaria.
Por eso, la imagen de Mahiques y Lijo compartiendo agenda en París mientras sigue abierta la causa que involucra a Adorni agrega un componente tan llamativo como incómodo para el Gobierno, justo cuando el funcionario se prepara para explicar el origen y la evolución de su patrimonio ante la Justicia.
