El proyecto fue impulsado por el senador provincial Guillermo Montenegro, quien durante su gestión al frente del municipio de Mar del Plata llevó adelante una política de fuerte control sobre los trapitos y cuidacoches.
El PRO presentó este jueves en el Senado bonaerense un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra los trapitos, cuidacoches y limpiavidrios que desarrollen esas actividades sin autorización en la vía pública. La iniciativa propone modificar el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires para incorporar penas de arresto y agravar las sanciones en casos de intimidación, amenazas o accionar organizado.
El proyecto fue impulsado por el senador provincial Guillermo Montenegro, quien durante su gestión al frente del municipio de Mar del Plata llevó adelante una política de fuerte control sobre los trapitos y cuidacoches.
La propuesta plantea modificaciones en cinco artículos del Código de Faltas bonaerense, vigente desde 1973, con el objetivo de sancionar a quienes ofrezcan servicios de cuidado de vehículos o limpieza de vidrios sin autorización legal, incluso cuando el cobro sea presentado como un aporte «voluntario».
En los fundamentos del proyecto se sostiene que estas prácticas «han evolucionado hacia modalidades cada vez más organizadas» y que representan una problemática creciente en distintos municipios de la provincia.
Qué cambios propone
La iniciativa establece penas de arresto para quienes ejerzan como trapitos, cuidacoches o limpiavidrios de manera ilegal. Además, incorpora sanciones para quienes reserven u ocupen espacios de estacionamiento mediante conos, sogas, cadenas, vallas, cajones, carteles u otros elementos que impidan o condicionen el uso libre del espacio público.
También prevé un endurecimiento de las penas cuando exista intimidación, amenazas, hostigamiento o insistencia indebida para obtener un pago, así como en situaciones donde se aproveche la vulnerabilidad del conductor.
Entre los agravantes se incluyen los casos en que participen dos o más personas de manera coordinada, exista una organización previa, el infractor tenga antecedentes por hechos similares, oculte deliberadamente su identidad o porte armas impropias o no convencionales.
Sanciones para organizadores y posibles responsabilidades
El proyecto también apunta contra quienes organicen, financien, administren o exploten económicamente estas actividades, estableciendo sanciones más severas para quienes obtengan beneficios de estos esquemas.
Asimismo, contempla la intervención de la autoridad competente cuando existan indicios de participación, protección o connivencia de funcionarios públicos o integrantes de las fuerzas de seguridad.
Por último, la iniciativa prevé multas para clubes, instituciones u organizadores de eventos cuando se compruebe que participaron, de forma directa o indirecta, en la organización o promoción de estas actividades ilegales.
