La oposición avanza en el Congreso con un dictamen para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), mientras el oficialismo de Javier Milei acusa una maniobra para bloquear su gestión. Con el apoyo de 135 diputados, el proyecto se debatirá en la Cámara baja en octubre, en un clima de tensión política y críticas a los excesos del Poder Ejecutivo
Ante la limitada presencia parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei optó por utilizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) como principal instrumento para avanzar en varias de sus propuestas, que van desde la desregulación de la economía y la reducción del tamaño del Estado, hasta el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner y la asignación reservada de fondos millonarios a la nueva SIDE.
En respuesta a esta situación, diversos sectores de la oposición en la Cámara de Diputados se posicionaron en contra de esta herramienta y lograron presentar un dictamen para reformar la ley 26.122 de DNU, con el objetivo de restringir el uso de decretos presidenciales.
El dictamen de mayoría en el plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento reunió 36 firmas, de las cuales 27 correspondieron a Unión por la Patria, 5 a Democracia para Siempre y 4 a Encuentro Federal.
En este último grupo, la diputada Margarita Stolbizer y cinco legisladores que recientemente se apartaron del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) firmaron en disidencia.
Además, se presentaron otros tres dictámenes: uno de la diputada nacional de la UCR Karina Banfi, con 2 firmas; otro de la Coalición Cívica, también con 2 firmas; y uno de rechazo de LLA, que contó con 9 firmas.
El dictamen de mayoría dispone un plazo máximo de 90 días desde la publicación de un DNU para que el Congreso lo apruebe. De no hacerlo dentro de ese período, el decreto presidencial pierde vigencia. Si una sola cámara lo rechaza, el DNU queda sin efecto, mientras que, si ambas cámaras lo aprueban, este se mantiene vigente.
Además, se determina que, si el DNU se emite durante el receso parlamentario, el Poder Ejecutivo debe convocar de inmediato a sesiones extraordinarias.
En cuanto a la propuesta de la Coalición Cívica (CC), esta plantea una modificación del artículo 23 de la ley 26.122, permitiendo que los DNU «pueden efectuarse supresiones al texto original» por parte de las Cámaras. Según este cambio, «una vez aprobados, las partes suprimidas del texto del Poder Ejecutivo quedarán derogadas«.
La Libertad Avanza (LLA) presentó un dictamen de rechazo. El diputado nacional Lisandro Almirón calificó el acuerdo opositor como parte de «los excesos y del capricho de sectores del Poder Legislativo que no tuvieron mejor decisión política que hacer ‘compinchismo’ y obstrucción de la gobernabilidad del país». Mientras tanto, el PRO, uno de los principales aliados del oficialismo, optó por no firmar ningún dictamen.
La próxima semana no se prevén sesiones en la Cámara baja, aunque se estima una convocatoria para el 13 de octubre. En esa fecha, el temario podría incluir dos proyectos promovidos por el oficialismo: juicios por jurados y ficha limpia. Aun así, en la oposición que impulsó el dictamen de mayoría mantienen el optimismo respecto a su aprobación, con miras a un posterior tratamiento en el Senado en el próximo año.
«Los bloques que firmamos representamos a unos 135 diputados, así que se puede aprobar. Después, si el Presidente lo veta, será otro escenario en el que tendrán que juntar los dos tercios«, comentaron fuentes de la oposición.
Este debate en torno a los Decretos de Necesidad y Urgencia refleja un escenario de profunda confrontación política, donde la herramienta ejecutiva del DNU se convierte en el foco de un conflicto entre los poderes. La iniciativa opositora para limitar su uso enfrenta el desafío de obtener un respaldo sólido en el Congreso y potencialmente superar un veto presidencial, en caso de que este ocurra. Mientras tanto, el país observa cómo las disputas entre oficialismo y oposición impactan la agenda legislativa, generando incertidumbre sobre el avance de proyectos clave para la gobernabilidad y la estabilidad institucional.