Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Nacional en Salud Mental por el plazo de dos años, con el objetivo de implementar medidas urgentes para fortalecer el sistema público de atención en todo el país.

La iniciativa lleva las firmas de Cecilia Moreau, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Mónica Frade, Esteban Paulón, Nicolás Massot, Marcela Pagano, Natalia De la Sota, Lourdes Arrieta, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Teresa García, Jimena López e Hilda Aguirre, entre otros legisladores.

El proyecto plantea un conjunto de medidas complementarias a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, frente al deterioro de la capacidad de respuesta del sistema y al crecimiento de distintas problemáticas vinculadas con la salud mental.

Más dispositivos y recursos para la atención

Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la apertura, adecuación y fortalecimiento de dispositivos de asistencia en todo el territorio nacional, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y reducir las desigualdades existentes entre las distintas provincias.

Además, propone incrementar y distribuir de manera equitativa los recursos humanos especializados, de acuerdo con las necesidades de cada jurisdicción.

Otro de los ejes está vinculado con la formación de profesionales. El proyecto plantea fortalecer las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y Adicciones (RISAM) para ampliar la cantidad de especialistas disponibles en el sistema público.

Reincorporación de trabajadores del Hospital Laura Bonaparte

La iniciativa también incluye un punto de fuerte impacto político: la reincorporación del personal cesanteado del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte.

El establecimiento se convirtió en uno de los focos de conflicto entre trabajadores del área y el Gobierno nacional a partir de las medidas de reorganización y reducción de personal impulsadas en los últimos años.

Los diputados que impulsan la emergencia consideran que el hospital cumple un rol estratégico dentro de la red pública de atención y que resulta necesario recuperar su capacidad operativa.

El regreso del programa Remediar

El proyecto también propone el restablecimiento inmediato del Programa Remediar en su componente de Salud Mental, con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos para personas que no cuentan con recursos suficientes.

A esto se suma la propuesta de incrementar la cantidad de operadores de las líneas telefónicas gratuitas de atención en salud mental, buscando mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.

Un fondo federal para financiar la emergencia

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación de un Fondo Especial Federal Solidario para la Emergencia en Salud Mental, destinado a financiar las medidas previstas por la ley.

La propuesta contempla utilizar recursos específicos para garantizar la implementación de políticas en las distintas jurisdicciones y fortalecer la infraestructura, los equipos profesionales y el acceso a tratamientos.

Entre las alternativas analizadas para su financiamiento aparece la posibilidad de destinar parte de los recursos provenientes del impuesto a las apuestas online que actualmente ingresan al Tesoro Nacional.

Atención específica para niños y adolescentes

El proyecto incorpora además un capítulo destinado especialmente a niños, niñas y adolescentes, con la intención de reforzar la prevención y detección temprana de problemáticas de salud mental.

Para ese sector, se plantea incorporar equipos interdisciplinarios con formación específica en salud mental en los dispositivos correspondientes al primer nivel de atención, además de desarrollar programas integrales destinados a esa población.

La presentación del proyecto abre ahora una nueva discusión en el Congreso sobre la situación del sistema de salud mental y el nivel de recursos que el Estado debe destinar para atender una problemática que los legisladores impulsores consideran prioritaria.

La iniciativa deberá avanzar por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto de la Cámara de Diputados para su eventual tratamiento.