Por Mara Fernández Brozzi

No existe sólo una Red dedicada al tráfico de mujeres, son varias que funcionan en diferentes ciudades. Se despliegan con facilidad, debido a la tranquilidad legal con la que pueden realizar este tipo de “trabajo sucio”.

La mirada está puesta en la Argentina desde varios Organismos Internacionales que han llamado la atención por el vacío legal que reina en torno a este tema. Como no figura en el Código Penal, los expedientes judiciales suelen confundir este crimen con otros, como la reducción a la servidumbre, el secuestro, delitos migratorios o explotación laboral. La impunidad es moneda corriente, ya que al no ser un delito federal los secuestradores pueden ir de una provincia a otra sin ningún tipo de dificultad.

Existe un triángulo de mayor circulación que abarca el norte de Buenos Aires, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe. La OIM, Organización Internacional para las Migraciones, sostiene que se puede comprar una mujer pagando entre $150 y $5.000, depende la edad y la belleza de las mismas. Ofertas que varían según el modelo. Las ganancias que este tipo de delito dejan a quienes viven de ello son muy altas, es el tercer negocio más rentable del planeta, detrás del de las drogas y la venta de armas; 32 mil millones de dólares al año para quienes hacen del cuerpo de la mujer un producto vendible, o alquilable.

La Argentina se encuentra en la lista de “países en observación” por el Estado Norteamericano, por no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas.

Mucha de la mano de obra para la prostitución es traída desde el Paraguay, pero el 80% de los traslados compulsivos y posterior sometimiento se da dentro del país, desde las zonas más pobres hacia las grandes ciudades. El cuento de la prosperidad, de buenos salarios que las hagan salir de su miseria, es el mecanismo general utilizado para convencerlas.

Llegan de sus países o sus provincias, movidas por la necesidad de un cambio en sus condiciones de vida, con la promesa del bienestar; ni bien establecidas son, literalmente secuestradas, por la o las personas que les vendieron esa falsa realidad. El camino es peligroso, ya que al oponerse a prostituirse son fuertemente torturadas, esclavizadas y privadas de todo tipo de libertad sobre sus vidas.

La calle Corrientes es una vidriera de ofertas que encubre un trabajo mafioso, oscuro, se reparten volantes por doquier con las exquisiteces de mujeres que “sus dueños” pusieron a la venta y alquiler. Niñas muy jóvenes que fueron engañadas y tomadas en posesión para ser así utilizadas obligándolas a vender su cuerpo por dinero, rédito que ellas no ven, ya que ese circuito comercial se inicia y culmina en las personas que las secuestraron para tal fin.

Este tipo de actos es apañado, conciente o inconscientemente, por un sector de la sociedad que consume sexo de este modo, no preguntándose sobre el origen de estas mujeres, sobre la aceptación o no de esta labor. Al no caber la pregunta sobre lo que hay detrás de esta cortina de ofertas se facilita el negocio y la impunidad que los mueve. Si bien esto ocurre, también existieron casos en los que fueron desbaratadas bandas de secuestradores, por intermedio de clientes que prestaron su celular para que las mujeres llamaran a sus familias y así ser rescatadas.

La Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI), intervino en 2004 en nueve casos de trata, 27 en 2005 y 42 en lo que va de este año. Se estima que hubo más de 400 casos en los últimos tres años.

Los números indican una realidad alarmante en torno a este tema, y lo preocupante sigue siendo el crecimiento de un delito que aún no es considerado delito, como si el hecho de secuestrar a mujeres y niñas y prostituirlas podría tener otro tipo de valoración.

El Congreso continúa discutiendo proyectos de ley que apuntan a solucionar el bache institucional, apuntan, pero aún no disparan justicia contra quienes deberían hacerlo.