ELEVAN LA CAUSA A JUICIO ORAL

31 julio, 2006

El juez federal Daniel Rafecas dio por cerrada la instrucción del expediente por considerar "suficiente" la prueba reunida. Pidió a la fiscalía que solicite la elevación a juicio oral, para evitar que la causa prescriba el 31 de agosto.

Juez Rafecas, más serio que sus antecesores

A seis años de la apertura del proceso, el juez federal Daniel Rafecas dio por cerrada la instrucción del expediente por considerar "suficiente" la prueba reunida. Pidió a la fiscalía que solicite la elevación a juicio oral, para evitar que la causa prescriba el 31 de agosto.

En los próximos días el fiscal Federico Delgado le pedirá a Rafecas elevar a juicio la causa por los supuestos sobornos en el Senado de la Nación, de abril del 2000, para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral. Aunque recién el juicio oral recién se llevará a cabo en el 2008. Una vez que el fiscal eleve su pedido el juez instructor mandará a que la causa se sortee para conocer que tribunal será el que intervenga en juicio oral. Estos son pasos formales que posibilitan que la causa no quede prescripta. La fecha límite es el jueves 31 de agosto. Si hasta esa fecha no se elevó el pedido de juicio los acusados podrían alegar que prescribió el delito.

La elevación a juicio era algo que se venía analizando desde hace unos meses, sobretodo basada en el testimonio del arrepentido Mario Pontaquarto. Más una importante cantidad de entrecruzamientos telefónicos. Hasta que apareció la declaración de Sandra Montero, que alcanzo a entrar en el expediente.

La causa todavía no se había sido elevada a juicio porque, en la última ronda de declaraciones, Alberto Flamarique, por entonces Ministro de Trabajo del gobierno de la Alianza, no se presentó a declarar ante el juez. El argumento es que había cambiado de abogado, y él mismo tenia que conocer la causa.

Las declaraciones de la arrepentida complicaron aun más a Remo Constanzo.

La ex – asistente reconoció haber visto la plata en el despacho del por entonces senador de Río Negro.

El juicio será elevado con nueve acusados. Todos procesados por el delito de cohecho, delito que prevé una sanción de uno a seis años de prisión. Si el tribunal les aplica penas superiores a tres años, las mismas podrían ser de cumplimiento efectivo. Actualmente la causa se divide en dos partes.

La primera es la que tiene la investigación sobre los nueve acusados formalmente: Fernando de Santibáñes, ex – Secretario de Inteligencia; Alberto Flamarique, ex - Ministro de Trabajo; el ex – presidente provisional del Senado, José Genoud; los senadores peronistas Alberto Tell, Remo Constanzo, Emilio Cantarero, Ricardo Branda y Augusto Alasino; también está el arrepentido Mario Pontaquarto.

La segunda es la que trata sobre la situación del ex – presidente de la Nación, Dr. Fernando De la Rua, quien se encuentra como sospechoso de haber instigado las coimas, y Angel Pardo, ex – senador nacional, que se encuentra bajo la sospecha de haber recibido sobornos. Si el juez los procesa ambos serían parte del mismo juicio oral que los nueve acusados.

La elevación a juicio de parte del juez federal, Daniel Rafecas, se hará en principio sobre la primera parte de la causa. Desde el juzgado aseguran que las pruebas presentadas por Montero deberían incorporarse a la segunda parte de la causa o bien sumarlas directamente en el juicio oral.

LA SITUACION DE CADA UNO:

José Genuod: procesado por cohecho activo.

Fernando de Santibáñes: procesado por cohecho activo.

Alberto Flamarique: procesado por cohecho activo.

Mario Pontaquarto: procesado por cohecho activo.

Alberto Tell: procesado por cohecho pasivo.

Ricardo Branda: procesado por cohecho pasivo.

Emilio Cantarero: procesado por cohecho pasivo.

Augusto Alasino: procesado por cohecho pasivo.

Remo Constanzo: procesado por cohecho pasivo.

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