El nombramiento de tres nuevas juezas de faltas desató un escándalo político en Quilmes. La intendente del Frente de Todos, Mayra Mendoza, incluyó entre las tres juezas a una imputada en el caso del presunto desvío de fondos de cooperativas del distrito, en la cual es investigada la jefa comunal.

La reforma judicial local que consiguió la referente de La Cámpora y una de las referentes del conurbano se logró también con el voto de un sector de Juntos por el Cambio, que había impulsado durante la gestión de Martiniano Molina una ampliación de los juzgados de faltas que ahora se concretó.

En paralelo, los jueces de faltas protestaron por el recorte de su poder e intiman a la jefa comunal a vetar la ordenanza. Dentro de las filas de Juntos por el Cambio, se diferenció un concejal de la Coalición Cívica y se activaron pedidos de explicaciones internas respaldados por dirigentes como el diputado nacional, Gerardo Milman, cercano a Patricia Bullrich.

Los juzgados de faltas de Quilmes son tres. Se dedican a juzgar infracciones y faltas municipales, y las actas de tránsito son su insumo de trabajo mayoritario. Por una ordenanza que se votó el 23 de septiembre pasado en el Concejo Deliberante, se crearon tres nuevos juzgados y se dividieron las funciones de los jueces, que no podrán definir sobre todas las temáticas, como hasta ahora.

Al frente de esos tres nuevos juzgados quedarán María Eugenia Moyano, Alejandra Cordeiro y Anabella Galván. El caso más polémico es el de Galván, que fue imputada por el fiscal federal Ramiro González en la causa por defraudación con cooperativas en la que también está imputada la propia intendenta.

Los jueces de faltas de Quilmes se oponen a la reforma judicial local y le exigen a Mendoza que no promulgue la ordenanza. Para vetarla, la intendenta cuenta con un plazo que vence el martes. “Los juzgados 1, 2 y 3 vienen funcionando desde hace muchísimos años, con nombramientos en 1994, 1995 y 2001. El Concejo trató el nombramiento de tres jueces a propuesta del Poder Ejecutivo en tres nuevos juzgados creados en la época de Molina, que no habían arrancado. El reclamo es que no se recorten facultades, porque se divide a los jueces por territorio”, explicó a LA NACION una fuente que frecuenta los tribunales quilmeños.

“Se los saca de tránsito y obras particulares, y les asignan eso a las nuevas juezas”, puntualizó la misma fuente, para remarcar un fin recaudatorio para las arcas municipales a cargo de las nuevas designadas.

Los magistrados de faltas plantean que se rigen por una norma provincial (el decreto-ley 8751, Código de Faltas Municipales) y que una ordenanza municipal no puede anularla. Afirman que cualquier cambio debe definirlo la Legislatura bonaerense. “Si la ordenanza se promulga, sería un acto ilegal y se recurriría a la Justicia”, adelanta un dirigente local que recuerda que, durante la gestión del intendente Sergio Villordo (un hombre de confianza de Aníbal Fernández), se disolvieron los juzgados de faltas, una decisión que luego se revocó por orden judicial.

En el gobierno quilmeño optan por no hacer declaraciones sobre el tema. “Fue algo que se trató en el Concejo Deliberante y lo aprobaron. No hay nada más que hablar del tema por nuestra parte”, señala una fuente cercana a la intendenta Mendoza. Quienes sí hablan del tema son los integrantes de Juntos por el Cambio a nivel local. En sus filas, el apoyo de un sector mayoritario a la reforma judicial local de la jefa comunal camporista genera choques. Solo se desmarca el concejal de la Coalición Cívica Walter Fernández, que podría abandonar el bloque opositor.

“Quebranto normativo”

Mendoza también recibió una carta documento de Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica y titular de esa fuerza en Quilmes. En la misiva, del 27 de septiembre, le pide a la intendenta “que se abstenga de promulgar” el texto legal que se aprobó en el Concejo porque se trata de un “quebranto normativo” al Código de Faltas, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Un párrafo de la carta de Frade expone la pelea que la ordenanza abrió en la propia oposición de Quilmes. “En la misma sesión, aprobaron un blanqueo de construcciones clandestinas, cuyos beneficiarios tendrían relación directa y/o por interpósitas personas con funcionarios y/o ediles; habilitaciones y adhesión a una ley nacional (VTV). Todo bajo el mayor sigilo y ocultamiento de expedientes. En esta metodología quedan comprendidos legisladores supuestamente opositores a su gobierno”, remarca la diputada.

Los concejales de Juntos se defienden diciendo que el Frente de Todos “tiene quórum y mayoría, y podrían haber votado todo ellos”. Si bien sostiene que los votos opositores no eran necesarios para el avance de las reformas judiciales que concretó Mendoza, una fuente macrista local aclara: “Nosotros metimos dos adjuntos [en la Defensoría del Pueblo local] para tener presencia en las quejas de los vecinos por servicios como el de Edesur. Hay una picardía del resto de la oposición, haciéndose los desentendidos. Nosotros fuimos a buscar dos defensores adjuntos ultra-amarillos”.

“Lo buscan limar a Martiniano”, deslizó una fuente de Juntos consultada, que además aseguró que decidieron “hacer política” y que en la CC “juegan a la no política”. Muestra enojo por los reclamos internos y apunta contra los actuales jueces de faltas. “Son una trampa histórica, son casi empleados municipales. Trabajan en nocturnidad, en tránsito, tienen un fin recaudatorio y están por acuerdos políticos”, criticó.

El rebote por la reforma judicial que Mendoza activó con respaldo de Juntos por el Cambio excede Quilmes. Con las firmas de los diputados nacionales Milman y Alberto Asseff; las legisladoras provinciales Lorena Petrovich y Florencia Retamoso, y el exconcejal Walter Queijeiro, se difundió un comunicado en el que se piden explicaciones. “Nos preocupa especialmente que ni la jefatura del bloque ni su conducción política hayan dado una sola explicación de las razones de semejante ‘sociedad’ con el gobierno de la señora Mendoza”, reclamaron. Y advirtieron que analizarán “los pasos a seguir”.

Fuente: LA NACION