La política educativa en la provincia de Buenos Aires debe tener un objetivo fundamental: reducir la brecha educativa existente entre alumnos que provienen de sectores sociales diversos. Entendemos que la educación no elimina las diferencias sociales, pero si puede constituirse en una herramienta para acercarnos lo máximo posible a una igualación de oportunidades para las personas con orígenes sociales heterogéneos.
Por Matías Lobos, Consejero General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
Para dar un ejemplo de la magnitud de la mencionada brecha podemos señalar los siguientes datos, entre muchos más que se pueden ofrecer: la tasa de promoción efectiva del nivel primario es levemente más baja en el sector estatal (95,5%) que en el privado (96,3%). En el nivel secundario, la brecha entre sectores de gestión es mayor, las escuelas privadas tienen 91,7% de promoción frente al 82,4% del sector estatal. La tasa de repitencia marca aún más las diferencias entre sectores, la escuela primaria privada casi no tiene repitencia (0,8%) en comparación con sus pares estatales que alcanzan el 4,8%; en el nivel secundario las tasas se incrementan tanto en el sector estatal (12,9%) como en el privado (4,0%).
Para lograr el objetivo propuesto, proponemos trabajar sobre 5 lineamientos básicos.
De acuerdo al primero, sostenemos la necesidad de que las escuelas de mayor vulnerabilidad social deban ser gestionadas por los docentes más experimentados y más capacitados. El área de Planeamiento de la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia debe aportar un mapeo de los establecimientos educativos de acuerdo a niveles de vulnerabilidad. La puesta en funcionamiento de incentivos motivacionales y económicos deben funcionar para que los docentes más capacitados y más experimentados vayan a las escuelas de alta vulnerabilidad social. El sistema de asignación de horas por puntaje debe ser revisado y cambiado para poder hacer efectivo el presente lineamiento.
De acuerdo al segundo, entendemos que los directivos deben tener mayor autonomía para la conducción efectiva de sus establecimientos educativos. Especialmente deben poder tener herramientas concretas para ejercer autoridad sobre el personal docente y no docente que tienen bajo su cargo.
Una de las acciones a implementar en este sentido debería ser re significar la herramienta de la calificación anual docente, permitiendo que las inasistencias, el mal desempeño y la falta de capacitación puedan ser valorados efectivamente y no haya un circuito tan garantista a favor del docente que recusa la calificación cuando le es desfavorable. Este proceso de recusación siempre beneficia al docente y es por ello que los directores e inspectores deciden colocar el 10 para no entrar en un laberinto burocrático que termina evaluando su función, más que al docente o director calificado.
De acuerdo al tercero, afirmamos la necesidad de que los docentes puedan concentrar horas en no más de 2 establecimientos educativos, especialmente los de las modalidades de enseñanzas secundaria y superior. Esto es fundamental para generar en los docentes identidad y sentido de pertenencia con las instituciones donde trabajan. Debemos ser capaces de cortar con el fenómeno conocido como profesores y maestros “taxis”, que para poder llegar a un salario digno deban acumular horas en múltiples escuelas.
De acuerdo al cuarto, resulta imperioso mejorar de manera sustantiva y estructural la formación docente. Debemos revisar todo el sistema actual de titulación docente por afuera del sistema universitario. En los países que han obtenido los mejores resultados educativos, los docentes primero debe tener una formación universitaria de grado, y luego hace una carrera pedagógica didáctica para poder enseñar. Ese debe ser nuestro norte en materia de cambio profundo en el enfoque que le damos a la formación docente.
Por último, debemos trabajar un plan de infraestructura escolar que nos permita avanzar con la doble escolaridad, sabiendo que está comprobado que los estudiantes que más horas estuvieron en las escuelas durante todo el trayecto educativo formativo, son los que mejores resultados educativos obtienen una vez finalizado el mismo. Esto no solo corre para las escuelas de gestión estatal sino también para las de gestión privada. Es muy bajo el porcentaje de doble escolaridad que tenemos en todo el sistema. En el nivel inicial, en las dependencias provinciales el 99% de la matrícula es de jornada escolar simple frente al 95,7% de la matrícula privada. En el nivel primario, el 92,9% de las inscripciones provinciales son de jornada simple en comparación con el 91% de las privadas. En el nivel secundario, el 80,5% de la matrícula provincial es de jornada simple; en el privado, el 85,1%. Diseñar y ejecutar un plan de ampliación de la infraestructura escolar sostenido en el tiempo es clave para poder marchar hacia la posibilidad efectiva de instrumentar la doble escolaridad en todo el sistema educativo provincial.
