Por Martín Calveira, Investigador del IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral.

La incertidumbre del mercado y la descoordinación política sobre el rumbo económico parecían ir hacia un lugar no deseado, peligro que parecía no permear totalmente en algún sector del espacio oficialista.

El mensaje de la flamante ministra de Economía se posicionó, al menos en términos de prédica, en evitar un mayor desalineamiento fiscal respecto de las metas establecidas en el programa con el FMI. La incógnita es el camino que deberá tomar la política macroeconómica para abordar un corredor convergente con el equilibrio de las cuentas públicas, es decir, si será menor gasto, una mayor presión impositiva, o ambas a la vez.

En ese sentido, la estrategia de abordar un sendero de menor déficit fiscal parece tener una sola alternativa que, en rigor, es sustentable, esto es, una menor expansión del gasto público corriente o, al menos, evitar la constitución de nuevas partidas de gasto que se convierten en permanentes para el presupuesto nacional. Ciertamente, es lo que muchos califican como la perspectiva ortodoxa de la política fiscal sin tener en cuenta el deterioro que genera la imposición de nuevos gravámenes, una especie de “sadofiscalismo” del gasto público.

Adicionalmente, en acuerdo con lo mencionado por Batakis, es necesario liberar las fuerzas productivas, aunque esto es posible despejando el panorama de incertidumbre y el sadofiscalismo de la expansión del gasto público financiado con mayor nivel de impuestos y emisión monetaria. Contrariamente a ese escenario, podrían conformarse las condiciones para un mayor nivel de inversión y empleo, congruentes con la sustentabilidad fiscal. De hecho, la inversión agregada respecto del PBi sigue en 17%, nivel del rango inferior del promedio histórico.

A eso se suma un aspecto fundamental, que las principales condiciones para el hacedor de política fiscal es el acuerdo hacia dónde se tiene que enfocar el programa y el sesgo del mismo. En nuestro país, más aún en el actual contexto de distorsiones y desequilibrio macroeconómico, es un objetivo antes que una condición preexistente. En efecto, sin acuerdo sobre el rumbo de gestión económica, las tensiones políticas del espacio de gobierno nuevamente se expondrán con potenciales efectos en el nivel de incertidumbre de mercado, lo que se traduce en volatilidad cambiaria e impulsos sobre decisiones de precios.

En efecto, con una inflación interanual del 60%, un promedio mensual de 5,5% y expectativas inflacionarias en torno al 80% para este año, la agenda de Economía debe establecerse en la comunicación de un programa macroeconómico de estabilización en acuerdo al menos en el propio espacio político, de lo contrario la potencialidad de una mayor incertidumbre y disrupciones serán escenarios a tener en cuenta. En ese sentido, quizás se abre una ventana de oportunidades para un cambio de régimen de política económica que suelte amarras al sesgo cortoplacista y divergente y se establezca en un marco de acuerdos con los distintos sectores de actividad en aras de generar mayor inversión y empleo.

En países con experiencias inflacionarias similares, como el caso de Israel, el acuerdo y conocimiento público sobre el programa económico fue determinante. En palabras de Michael Bruno (1993), ex director del Banco Central de Israel y economista académico estudioso del proceso desinflacionario de ese país: “De acuerdo con nuestro análisis de los orígenes de la crisis, el programa tenía que ser integral y drástico en su efecto sobre las expectativas y la confianza del público”.

En suma, la descoordinación de la economía política, el sesgo hacia la expansión de gasto en todo tiempo y lugar (sadofiscalismo) y un programa macroeconómico sin mayores definiciones parecen perpetuar a la economía en el mismo lugar al que arribó días atrás. Todo tiempo pasado fue mejor.