A través del decreto 915, firmado por el intendente Gustavo Posse, se establece que las personas condenadas por delitos dolosos graves no podrán ser designadas como funcionarios públicos municipales dentro del Órgano Ejecutivo Municipal.

Algunos de los delitos que abarca esta resolución son aquellos relacionados con hechos de corrupción o que conlleven inhabilitación específica para ejercer cargos públicos; femicidio, violencia de género o abuso sexual; delitos contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y orden constitucional, contra el orden económico y financiero.

Además, el Ejecutivo municipal invita al Concejo Deliberante a adherir también al decreto en relación a sus funcionarios y empleados.