Reforma Judicial: Un aporte al debate

11 agosto, 2020

El campo nacional posee referentes que, en materia de derecho, siempre es adecuado y muy interesante escuchar, para avanzar en este tipo de iniciativas sin dar pasos en falso.

Por Mauro Cavallin, abogado y conductor de Abramos la Boca (lunes a viernes de 16 a 18hs.)

LA PREVIA.

Los proyectos de reforma judicial de los gobiernos populares siempre son debatidos. No solo desde el fuero interno de la coalición con predominancia peronista que conduce Alberto Fernández, sino también claro está desde la oposición política y sistémica. Que circunstancialmente solo hacen eso, oponerse.

El campo nacional posee referentes que, en materia de derecho, siempre es adecuado y muy interesante escuchar, para avanzar en este tipo de iniciativas sin dar pasos en falso. Desde el presidente de la Nación, profesor universitario por más de 30 años de derecho penal en la UBA, como una gran cantidad de abogades, defensores, fiscales y jueces con una vasta trayectoria jurídica y diversidad de opiniones, integran esta mirada con justicia social del derecho, enriqueciendo el debate que comienza en cafés, unidades básicas, zooms, reuniones institucionales y comisiones de elaboración de proyectos legislativos, que en una ínfima parte llegan a los medios de comunicación.

Es oportuno destacar que, desde hace aproximadamente veinte años, las políticas criminales punitivas son transversales a la mayoría de los proyectos políticos, inclusive a los nacionales y populares. Que no encuentran otra forma de responder a la demanda de “más seguridad”. Dentro del amplio movimiento gobernante podemos encontrar postulados ocupados en ampliar garantías, buscar soluciones alternativas para la resolución de conflictos legales, dejando en claro que con más persecución, violencia y prisiones preventivas no se soluciona el problema que acarrean los delitos contra la propiedad. Pero también existe con más frecuencia en los medios de comunicación, exponentes del campo nacional que piden recrudecimiento de las penas, más fuerzas de seguridad en las calles, ampliación de cárceles y enjuiciamiento para los jueces denominados libera presos. No olvidemos a los Redondos “todo preso es político”.

EL PROYECTO.

En todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia se presentan proyectos para modificar el poder judicial. A sabiendas el más estanco de los tres poderes del estado. Solo para citar ejemplos, el proyecto de Reforma Judicial del 2013, también llamada Democratización de la Justicia propuesto por el gobierno de Cristina, el plan Justicia 2020 del Macrismo y ahora el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y la creación de un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, para ver que hacemos entre otras cosas con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son los casos recientes.

El proyecto presentado por Alberto Fernández pretende dar un paso adelante en aspectos criticados en las últimas décadas en este poder del estado. La desconcentración de la justicia federal a nivel nacional, con la licuación del poder de los 12 jueces federales de Comodoro Py, unificando los fueros Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, creando 23 juzgados nuevos en el lapso de tres años, sumándose a los 23 ya existentes, va a dar la posibilidad de revertir en parte el fórum shoping existente, que se da al momento del sorteo para iniciar causas que recaen siempre sobre los mismos jueces y fiscales renombrados, con intereses políticos personales que definen el avance de las investigaciones.

El proyecto contempla, además, la creación de un sistema de subrogancias, de los jueces que cubren cargos vacantes de manera provisoria, haciendo hincapié en el proceso de selección que pretende transparencia, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación como único representante de la sociedad.

Otro punto es el cumplimiento de la manda de la reforma constitucional de 1994 que prevé el traspaso de la competencia para investigar y juzgar los delitos no federales a la Ciudad de Buenos Aires. Resistido en otras oportunidades, pero al decir del presidente se cumplirá definitivamente en el plazo de tres años, previa discusión sobre la transferencia de los recursos. También es importante la creación de 94 juzgados federales de primera instancia, en la mayoría de las provincias, multiplicando las bocas de entrada de acceso a la justicia que en principio operarán con funcionarios y empleados de secretarías penales ya existentes. Además, la acusación pública (Fiscalías) en las provincias se fortalecerá con la creación de 85 nuevos cargos de fiscales y de 23 defensores. Muchos puestos de trabajo nuevos a cubrir. Que con optimismo generaran nuevos aires.

Pero es llamativo lo que sucede cuando son gobiernos populares los que toman la iniciativa. Los propios siempre nos quedamos con el sabor de la insuficiencia, y los enemigos del pueblo construyen mediáticamente la certeza de que “otra vez un gobierno peronista pretende avanzar sobre la libertad, garantizando la corrupción”. A los “ellos” no les gusta perder privilegios.

Por el contrario, como se escuchó decir en la semana a la Ministra de Justicia Marcela Losardo, sería más fácil dejar todo como esta y llevar adelante el mismo método que implemento el macrismo para garantizar la impunidad. Aprietes, amenazas, Juicio Político para destituir jueces, escuchas, traslados de jueces sin acuerdo del Senado, etc. En el Poder Judicial no hay traslados, solo en la Fuerzas Armadas. Pero no, otra vez el peronismo elige el camino democrático (el más largo), el correcto, debatir en el Congreso que justicia queremos y necesitamos.

Por otro lado, vale decir, como afirmó la Dra. Natalia Salvo, integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, en Radio Gráfica: “La reforma judicial es una oportunidad para poner el foco en las justicias sociales”, ya que es ahí donde existe la limitación más grave al día de hoy, en la resolución de los casos que genera la gran desigualdad social, económica, de acceso a la vivienda y salud ambiental, existente en argentina. Ya que “si tenemos una justicia social desfinanciada o donde no se pone énfasis, y tratamos de que la justicia se agote en cuestiones penales o administrativas, eso es un rumbo riesgoso”.

EL PASO.

La administración de justicia en Argentina, que se amolda además en cada provincia mediante sus códigos procesales, es una deuda difícil de abordar. Dotar de más dinamismo y celeridad a los procedimientos para que los juicios no tarden años en resolverse es uno de los puntos clave para avanzar hacia una mejor justicia.

En los últimos años hubo retrocesos, solo por citar alguno bonaerense, en la justicia laboral donde la adhesión de las provincias a la ley 27.348, obliga al trabajador a transitar el trámite administrativo previo ante las Comisiones Medicas en los accidentes laborales, lleva a que la resolución de los juicios por estos infortunios se retrase como mínimo seis meses más, al atraso que cada Tribunal o juzgado, depende el territorio posee, debido al cumulo de trabajo.

Ni que hablar de la reparación, y la necesidad de estatizar las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, donde habría que tomar la misma determinación que con las AFJP. Crear una agencia del estado que administre estos fondos a favor del conjunto de los trabajadores y empleadores.

EL IMPULSO.

El proyecto presentado por Alberto Fernández pretende también implementar definitivamente en la justicia federal el sistema Acusatorio. A diferencia del actual, será el Fiscal quien impulse el proceso y lleve adelante la investigación, sacándole esa potestad al Juez, que se dedicará a evaluar el derecho y la legalidad de los actos procesales, hasta dictar sentencia. Dividiendo marcadamente los roles procesales para garantizar la desconcentración de poder que hoy existe en uno solo de los agentes (el Juez) dentro de una investigación. Pero solo este sistema no garantizara la imparcialidad y concreción de una justicia equilibrada. Será un avance sustancial, pero también habrá que reorganizar los organismos de control y evaluar cómo se reconfigura la concentración de poder.

Juan Ramos Padilla, Juez titular de la Cámara del Tribunal Oral nº 29 de C.A.B.A., en el aire de Radio Gráfica, propuso además que una posibilidad para ello sería que “ante cada causa o juicio oral se sorteen los funcionarios judiciales, jueces, fiscales y defensores, para que no siempre les toque actuar a los mismos conjuntamente y así garantizar la independencia entre ellos.” Esto significaría por ejemplo desintegrar Tribunales Orales y Fiscalías, que siempre actúan conjuntamente, para que sean sorteados entre una nómina conocida de agentes (jueces y fiscales) disponibles, garantizando siempre el derecho al juez natural y debido proceso. Tal vez, algo difícil de logran en este contexto.

EL BACALAO.

Otro tema es la Corte Suprema. En el proyecto de les Fernández, se crea el Consejo Consultivo con objetivo de “ver que se hace”, y lo integraran como sabemos: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo. Es un buen momento para guglearlos, saber cómo piensan y que plasman en sus votos de sentencia.

La diversidad dogmática e ideológica de los elegidos, lleva a pensar si será posible aunar en un solo proyecto, las recomendaciones que elevaran al presidente para modificar la forma de acceso a la instancia de Corte, los requisitos legales para hacerlo, propuestas para modificar pautas formales de acceso al mayor tribunal de justicia argentino y si se restructurará su conformación con nuevos miembros.

No hay que olvidar la responsabilidad de los integrantes de la Corte, que por acción y omisión, permitieron que se cometan las irregularidades que el macrismo hizo a través de su mesa judicial, por solo mencionar algunos: la utilización de espías de la AFI como auxiliares de justicia para elaborar causas para perseguir militantes políticos, la utilización de las prisiones preventivas para torturar, y el condenable silencio al aberrante actuar de la justicia jujeña en el caso de Milagro Sala, entre otras violaciones a sus deberes de control y ordenamiento ejecutivo, suficientes para decir que la conformación de la Corte de esta manera no sirve y que se debe buscar algo que se asemeje al ideal de justicia que la mayoría de todes pretendemos.

La alternativa de ampliar su número, incluyendo especialistas por cada materia o fuero en que se divide la justicia argentina, divididos en secretarias o salas temáticas, siempre con la participación plena de sus miembros, puede ser la oportunidad para que la Corte cuente por ejemplo con un integrante especializado en Derecho Social, en Telecomunicaciones y Ambiental, entre otras especialidades, que lejos está de cubrir esta integración, para garantizar celeridad y que por año se puedan sacar más sentencias y controlar su implementación.

Por último y no menos importante es la carrera judicial, como se ingresa a trabajar, quienes ingresan, y de qué forma se desarrolla el recorrido de los empleados judiciales que muchos de ellos serán Jueces, Fiscales o Defensores. Porque es tan complejo implementar la Ley Micaela en la administración de justicia, que sucede con la perspectiva de género y minorías, como se garantiza la protección del territorio ante el avance del cultivo extensivo y la extranjerización de la tierra. Son algunas preguntas que el proyecto no contempla.

Comenzó el debate en el congreso. Es una tarea que entusiasman, que tomara su tiempo. Pero nunca será tan difícil como pagar la deuda que nos dejaron los sinvergüenzas del gobierno de Mauricio, que siempre fue Macri.

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