Cómo se realizó el espionaje ilegal a los “presos K” en Ezeiza

25 junio, 2020

Espías orgánicos de la AFI macrista, agentes del departamento de inteligencia del SPF, fiscales y ex funcionarios involucrados como presuntos integrantes de un accionar sistemático de espionaje ilegal durante la gestión anterior. Cómo era la persecución.

La semana pasada el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena –a cargo de una causa que investiga a un grupo orgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que realizaba tareas de inteligencia ilegales a políticos, empresarios, referentes sociales, sindicalistas–, allanó el penal de Ezeiza y encontró evidencia del espionaje macrista a empresarios relacionados al kirchnerismo y ex funcionarios de esa gestión. Fabián De Sousa, uno de los dueños de Oil Combustibles y C5N; Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, adjudicataria de las dos represas de Santa Cruz que son la obra de mayor envergadura en el país, y Rafael Llorens, ex director jurídico del Ministerio de Planificación fueron tres de los espiados que se presentaron en el juzgado para hacerse de las pruebas que los vinculan como damnificados.

En principio, se pudo conocer la existencia de una planilla de Excel en donde por lo menos 22 agentes del Área 50 –departamento de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF)– realizaban un mapeo de las celdas del penal de Ezeiza en donde se encontraban los 12 “presos K”. Se hacía una clasificación que lejos estaba de relacionarse con cuán peligroso fuese cada uno, sino con la importancia de sus empresas o construcciones bajo su concesión, o con el grado de posibilidad de que declaran en contra de Cristina Fernández de Kirchner bajo la figura del arrepentido.

Se grababan y escuchaban las llamadas del teléfono público y filmaban ilegalmente las salas destinadas a las reuniones de los presos con sus abogados e incluso en sus celdas.

Las celdas coloreadas de rojo correspondían a los detenidos que más importaban como objetivos del espionaje. Como figuras destacables aparecen el exministro de Planificación, Julio De Vido; su mano derecha, Roberto Baratta; los empresarios del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López; Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería; Lázaro Báez y el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Mientras que con el color naranja aparecían Rafael Llorens y otros exfuncionarios de segunda línea de Planificación presos en la causa de los cuadernos, el ex intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, el dirigente Fernando Esteche. Con verde, figuraban por ejemplo Carlos Kirchner o Jorge Chueco, abogado de Báez.

En base a lo declarado por el testigo encubierto –que pertenecía a la cúpula del SPF–, a los chats y documentos encontrados en los celulares de los imputados y a las ocho cámaras y seis micrófonos allanados en Ezeiza, el juez Villena entiende que existió un plan sistemático de espionaje ilegal que tuvo víctimas tanto afuera como dentro del penal.

Se realizaban operaciones para robarle o espiarle los celulares y computadoras a todos los que iban a Ezeiza a visitar a los detenidos. Los agentes tenían una copia de la llave de cada uno de los lockers en donde estas personas dejaban sus pertenencias.

El accionar estaba protocolarizado. Si el detenido tenía visitas, si había diferencias dentro de su familia, si se conocía la táctica de su representación judicial, los agentes debían reportarlo. Se grababan y escuchaban las llamadas del teléfono público y filmaban ilegalmente las salas destinadas a las reuniones de los presos con sus abogados e incluso en sus celdas. Además, se realizaban operaciones para robarle o espiarle los celulares y computadoras a todos los que iban a Ezeiza a visitar a los detenidos. Los agentes tenían una copia de la llave de cada uno de los lockers en donde estas personas dejaban sus pertenencias.

Para justificar estas ilegalidades se aducía que las operaciones de espionaje se hacían para evitar actos de la banda de narcos liderada por el «rey de la efedrina», Mario Segovia, a quien –no tan– casualmente el SPF metió con los empresarios y exfuncionarios. Los tres espías imputados por el juzgado de Lomas sostuvieron que estas tareas las realizaban con el aval judicial del mismo Villena,

El magistrado explicó que la investigación «se inició con motivo de una actuación cursada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que daba cuenta de una presunta organización delictiva que se dedicaría a la compra e ingresos en nuestro país de fabricación de materiales explosivos, por lo que al encontrarse el nombrado detenido, se dispusieron las intervenciones telefónicas pertinentes”. Pero destacó que, al terminar esa investigación, ordenó destruir las escuchas.

Los trabajos de espionaje ilegal macrista se daban en paralelo a la judicialización de dirigentes opositores. Marcos Peña y Jorge Triaca fueron imputados en otra causa referida a esta persecución judicial.

En la primera línea estaban los 22 agentes del SPF que reportaban al Área 50. Este departamento tenía comunicación directa con el grupo de WhatsApp “Super Mario Bros”, integrado por Alan Ruiz, el jefe de operaciones y hasta ahora único detenido por espionaje a la ex presidenta; los policías Leandro Araque y Jorge “el Turco” Sáez y el abogado Facundo Melo. Se trata del mismo grupo que visitaba periódicamente la Casa Rosada para mantener reuniones con la secretaria de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, muy cercana a Mauricio Macri y también una dirigente cambiemita fundamental en el armado de San Martín.

Los trabajos de espionaje ilegal macrista se daban en paralelo a la judicialización de dirigentes opositores. Marcos Peña y Jorge Triaca fueron imputados en otra causa referida a esta persecución judicial. Un camarista laboral declaró bajo juramento que el ex ministro de Trabajo era parte de estos aprietes y que el ex jefe de Gabinete se encargaba de convocar a la “mesa judicial” también integrada por el actual Procurador de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.

Esto se acompañaba de un sistemático apriete a los damnificados, para que vendieran sus empresas, para que declararan como arrepentidos en causas como la de los Cuadernos. El fiscal Carlos Stornelli, implicado en otra de las causas por espionaje ilegal –la primera, que surgió el año pasado– a cargo de Alejo Ramos Padilla, también fue apuntado por Llorens como uno de los que extorsionaban a los presos.

 

 

 

 

 

 

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