Desaparición forzada en Tucumán

26 mayo, 2020

El 22 de mayo encontraron el cuerpo del trabajador rural Luis Espinoza. Las investigaciones apuntan al accionar policial de la provincia. El gobernador Luis Manzur indicó a su Ministro de Seguridad Claudio Maley que brinde explicaciones al Parlamento.

El cadáver de un hombre fue hallado el 22 de mayo en la localidad tucumana de Alpachiri y la fiscal que investiga el caso reconoció que las evidencias hacen presumir que se trata de Luis Armando Espinoza (31), quien estaba desaparecido desde el pasado viernes 15 tras un operativo policial en la localidad de Melcho, en el departamento de Simoca.

En el lugar trabajó personal de la policía por orden de la fiscal de Instrucción del Centro Judicial de Monteros, Mónica García de Targa.

Espinoza, padre de seis hijos, fue visto por última vez cuando se dirigía a caballo junto a su hermano Juan a la casa de su madre. En el trayecto pasaron por donde se desarrollaba un festival de carreras cuadreras y se detuvieron a observar. Pero minutos después llegó personal de la comisaría local y se generó un incidente.

Allí fue cuando el trabajador rural se cayó del caballo y los policías comenzaron a golpearlo, al igual que a su hermano, quien aseguró que escuchó unos tiros y después vio cómo se lo llevaban hacia un monte.

Los policías sostuvieron que ellos llegaron porque se estaba violando la cuarentena y que los asistentes a la cuadrera comenzaron a generar incidentes, por lo que realizaron unos disparos al aire para tratar de calmar a los más exaltados.

El miércoles 20 de mayo, nueve efectivos y un civil quedaron detenidos por la desaparición de Espinoza. Las detenciones fueron dispuestas por la Fiscal 1 del Centro Judicial Monteros, Mónica García de Targa, quien también había ordenado una serie de medidas en procura de localizar al trabajador rural de 31 años.

En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos tecnológicos que serán sometidos a peritajes. Además, se tomaron muestras de manchas pardorojizas en prendas de vestir y calzados que están siendo analizados en el laboratorio.

El Secretario de Seguridad provincial, Luis Ibañez, que supervisó las tareas realizadas por personal policial de la Comisaría de Monteagudo, y señaló: “Se tomarán las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido el día de la desaparición”.

Por el caso, se encuentran detenidos el comisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; los cabos José Paz Claudio Zelaya y Miriam González; y el agente Esteban Rojas González y el vigía comunal Sergio Santillán.

Tras las indagatorias de los acusados, el juez de la causa, Mario Velázquez, ordenó el traslado de los policías a la cárcel de Villa Urquiza, a excepción de la mujer policía.

El funcionario recordó que “esta es la segunda vez que se requiere una medida drástica, como es la expulsión de efectivos policiales y así será cada vez que estemos ante la comisión de hechos gravísimos».

TUCUMÁN EN LA MIRA

No es el primer hecho represivo que protagoniza la policía de Tucumán, pero sí uno de los que más conmocionó a la provincia y alcanzó repercusión nacional. El juez de instrucción penal Mario Velázquez dice haber tenido casos de resonancia pero ninguno como el de Luis Armando Espinoza.

Este trabajador rural estuvo una semana desaparecido, luego de que el jefe de esa dependencia presionara a sus subordinados para arrojarlo en un barranco, en La Banderita, límite entre Tucumán y Catamarca. El lunes 25, el gobernador Juan Manzur se refirió al caso: «Todos aquellos que hayan sido partícipes de este asesinato tienen que ser juzgados, condenados, y ojalá que esto se haga rápido y pronto. Van a ser juzgados, puestos a disposición y ojalá que la Justicia actúe con todo el peso de la ley», expresó. Organismos de Derechos Humanos y Amnistía Internacional repudiaron el accionar policial y exigieron “una investigación exhaustiva, imparcial e independiente”.

Mientras tanto, el responsable máximo de la seguridad provincial, Claudio Maley, accedió al pedido de algunos legisladores y se presentará en el parlamento tucumano este martes al mediodía. Según declaraciones del presidente de la cámara provincial, Osvaldo Jaldo, “se realizará una reunión este martes para que informe que pasó antes, durante y después del caso”.

El titular de la cartera de Seguridad reconoció que charló con Jaldo durante el fin de semana sobre la posibilidad de concurrir al recinto para hablar sobre el caso Espinoza. La presentación sería solamente con los presidentes de bloque y no con la totalidad de los legisladores.

En tanto, el magistrado Velazquez dialogó con el diario PáginaI12, y aclaró que la calificación legal de la causa sigue siendo desaparición forzosa de persona, agravada porque sus autores son policías y por la muerte de la víctima. «Es la figura más grave del Código Penal, después de la desaparición forzosa de la dictadura militar es el tipo penal más grave», dice el juez desde Tucumán. En las últimas horas, a los diez detenidos -nueve policías y un vigía comunal- se sumó otro civil con prisión preventiva que estuvo en el lugar de los hechos. Si el complot urdido por los uniformados al mando del subcomisario Rubén Montenegro hizo que arrojaran el cuerpo del lado de Catamarca para entorpecer el esclarecimiento, la tecnología impidió que quedara allí oculto.

«En 15 minutos el juez de Catamarca Rodolfo Cecenarro, juez de Garantías de Andalgalá, recibió el exhorto y autorizó el trabajo en el lugar donde encontraron el cadáver, en el límite entre el departamento tucumano de Chicligasta y Las Estancias, provincia de Catamarca, una zona que se conoce como Las Banderitas», explicó Velázquez. De hecho, esto sucedió cerca de las 18 del viernes, y como había empezado a nevar había que sacar el cuerpo antes de que anocheciera.

Tucumán tiene el denominado sistema acusatorio, la fiscal Mónica de Targa encabezó la investigación y el juzgado operó como control de garantía del proceso. Desde que el caso tomó estado público, la estructura del Ministerio Público Fiscal estuvo dedicada noche y día a la investigación en el entendimiento de que era urgente encontrar el cuerpo de Espinoza. «Cuando una persona desaparecida no aparece genera una angustia tremenda», expresó el magistrado.

“Estas personas portan el uniforme pero no son policías, son delincuentes. Ante la hipótesis de un exceso, hay un trasfondo por el cual no habría que generalizar. Sabemos que todas las estructuras policiales tienen en su génesis el verticalismo. Desde el advenimiento de la democracia con Alfonsín en su gobierno, y con la profundización de los gobiernos justicialistas, la defensa de los derechos humanos en su sentido más amplio debe ser el eje de una sociedad más justa y equitativa. Todavía existen resabios de la dictadura, aunque no me atrevería a ser tan tajante”, dijo el juez.

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