En la Argentina el aborto ya es legal y en el 2020 será ley

21 noviembre, 2019

En el 2017 murieron treinta mujeres por la clandestinidad del aborto. El Estado es responsable de muertes que son evitables si el aborto es legal, seguro y gratuito. Sin embargo, las consecuencias fatales no son mayores porque el aumento de las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) fue del 722,8%, en tres años, en la Salud Pública.

En Argentina el aborto ya es legal. Es legal por causales. Y es legal por jurisprudencia. Aunque se necesita avanzar en la legalización total ahora ya se puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. La diferencia es la voluntad política para aplicar el Código Penal, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L y el protocolo (que cambia de nombre, firmas y burocracias varias) del (por ahora ex, pero posiblemente restaurado en diciembre) Ministerio de Salud de la Nación.

En la Argentina 247 mujeres murieron por ser mujeres por el embarazo, el parto o el puerperio, en el 2017, según cifras oficiales. La mortalidad materna muestra la deuda del sistema de salud con las mujeres. Pero treinta cuerpos gestantes perdieron la vida gatilladas por la clandestinidad del aborto.

En Uruguay y en la Ciudad de México, donde el aborto es legal, las muertes son iguales a cero. Por lo que la pérdida de treinta vidas es responsabilidad del Estado que deja morir por no evitar un femicidio sanitario y evitable por no legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La última tasa de mortalidad materna en la Argentina es de 2,9 cada 10.000 nacidos vivos, pero con enormes brechas regionales. En realidad cuando se dice que las provincias son más conservadoras no es cierto, lo conservador es el poder, pero no es solo conservador, es injusto.

En la Ciudad de Buenos Aires la tasa de muertes por estar embarazada, abortar o parir es de 0,3 por ciento. Mientras que en Formosa es de 10,4; en Chaco de 6,5; en Corrientes de 6,0; en La Rioja de 5,1; en Salta de 4,8 y en Misiones de 4,3. El descuido en la salud de las mujeres, el desamparo a las madres y la clandestinidad del aborto son profundamente anti federales.

Pero, además, si la clandestinidad del aborto no gatilla (además del goce, la salud, la economía, la fertilidad y la ciudadanía plena) más vidas de mujeres no es porque el efecto del castigo sobre los cuerpos feminizados es leve o light, sino porque el aborto legal por causales sí se practica. Aunque todavía no se haya conquistado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito pleno los avances son muchos.

En Argentina la aplicación de las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) creció un 722,8 por ciento del 2014 al 2017 y fueron todavía más altas durante el 2018, según datos a los que pudo acceder Infobae. En el 2014 se registraron oficialmente 496 abortos legales en el sistema de salud; en el 2015 las ILE llegaron a 1.313 (debidamente notificadas en el sistema de salud); en el 2016 se contabilizaron 1.191 y en el 2017 ascendieron a 3.585.

Las cifras reales son más altas porque faltan datos de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz y Santiago del Estero. Por lo que los abortos legales practicados en el marco del sistema de salud pueden ser mucho más y van in crescendo.

Sin embargo, queda claro que los abortos medicamentosos bajo receta, provisión de Misoprostol y control profesional son una realidad que debe garantizarse como un derecho, sin distinciones, en todo el país. Y cuyo crecimiento está certificado por el sistema público de salud. La realidad es tajante. La política, en cambio, bamboleante.

El protocologate en el que se avanzó en la firma de una nueva norma desde la actual Secretaría de Salud y se retrocedió en chancletas de parte del macrismo es un papelón político sin ningún rédito y puro costo –incluyendo fractura interna entre los sectores conservadores y radicales y verdes cuando deberían encarrilar las filas de la futura oposición- a veinte días de dejar el poder.

“Nosotras nos pusimos contentas porque es una demanda de muchos años que el protocolo tenga resolución ministerial ya que eso permite que tenga aplicación en todo el país con la complejidad federal y las limitaciones que existen en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Pero rápidamente salen a vetarlo. Es increíble. Hay que estar alertas defendiendo lo conquistado”, apunta Celeste Mac Dougall, docente e integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El gobierno dio más vueltas que un trompo en relación al aborto y terminó estrellado en marchas y contramarchas, giros en falso y una mala interpretación de la libertad de conciencia que termina en incoherencia ejecutiva con más liquid paper que tinta de gestión.

El Presidente Mauricio Macri abrió la posibilidad del debate legislativo (en una idea de fomentar un liberalismo en serio) que terminó estrellada por la prepotencia de los sectores conservadores, la influencia evangélica (que en la Argentina nunca tuvo votos ni fieles significativos) y el lobby católico que no se resignan a dejar de ser senadores colados de urnas.

El mandatario se terminó pronunciando como pañuelo celeste en la campaña del “sí se puede” (con especial énfasis en un acto en Mendoza, del 6 de octubre, en donde dijo “Claramente a favor de las dos vidas” y terminó dilapidando el reconocimiento democrático por permitir el debate legislativo.

Al final de la gestión mostró los dientes en las barreras a los derechos de las mujeres. «Es una verdadera pena que el presidente decida en los últimos días hacer un retroceso tan grande» lo fustigó su aliado Martín Lousteau.

Uno de los políticos que sufrieron el castigo por trabajar a favor de uno de los debates democráticos más ricos de la democracia fue Daniel Lipovetsky (el diputado PRO que llevó adelante el debate parlamentario que permitió la media sanción en la Cámara de Diputados en el 2018). Él no pudo renovar su banca por la bajada de pulgar de Cambiemos. Y remarcó: “No sé si me quedé afuera por haber luchado por el aborto. Si fuera así, no me arrepiento de lo que hice».

En realidad el affaire del protocolo ninguneado –ya casi a punto de despedir el poder y pensar en los regalos de Navidad con la caja de fin de año a cargo de otra gestión- muestra una realidad que se quería ocultar, aunque forma parte de uno de los mayores retrocesos de política pública.

El Ministerio de Salud nunca tendría que haber perdido su rango ministerial. No es posible explicar que ante una posible epidemia o un faltante de vacunas salud sea un área ninguneada y desjerarquizada como secretaría y Desarrollo Social una jefatura ministerial.

Pero la explicación no es de un imprudente organigrama al revés de la administración pública sino que aparece como una factura por el apoyo de Alfredo Rubinstein a la Interrupción Legal del Embarazo durante el debate legislativo.

El ex Ministro y, hasta ahora, Secretario de Salud, a pesar de los pedidos de renuncia y críticas públicas como las de Federico Pinedo, cosechó reproches, facturas y elogios. Por ejemplo, Ernesto Sanz, que se presenta en Twitter como Fundador de Cambiemos (algo así como un socio original de la llegada al poder del macrismo acompañado por el radicalismo) expresó en la red social: “Mi solidaridad, apoyo y afecto a @RubinsteinOk, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión”.

El 20 de noviembre Rubinstein tuiteó: “La Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a #ILE. Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad”.

El gran paso se convirtió en un paso para atrás apenas unas horas después en donde la medida quedó desacreditada por decisión oficial.

Pero el retroceso había comenzado antes. Salud dejó de ser un Ministerio y, en la práctica, quedó debajo de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que es anti aborto legal. La jefa lo mandó a dar marcha atrás (por ahora en stand by hasta que se comunique oficialmente en el Boletín Oficial). Pero la marcha atrás ya había comenzado cuando la salud se convirtió en un tema menor para la administración pública.

La pirámide macrista muestra hasta qué punto la derrota de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) dejó a los anti derechos por encima de quienes priorizaban la mortalidad materna por la clandestinidad del aborto como un problema de salud pública. Y además cómo el freno al aborto legal paralizó la democracia participativa.

¿Se podría haber cerrado el Ministerio de Salud si el aborto era legal por la incidencia de la vigilia de un millón de manifestantes en las calles? Es improbable que se abriera la posibilidad de abortar en el hospital y se ninguneara la importancia de los hospitales para el crecimiento nacional.

“Luego de la publicación del Boletín Oficial donde salió la resolución que actualiza el protocolo de Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) dando cuenta del trabajo sostenido que venimos realizando desde la Dirección de Salud Sexual en conjunto con las organizaciones y el Consejo Asesor nos enteramos que estaban dando marcha atrás con la resolución. Esto es una muestra de que la degradación de nuestra cartera no fue solamente un cambio de nombre. La anulación de la resolución implica que la Interrupción Legal del Embarazo, que está legislada en nuestro país mediante el Código Penal vigente desde 1921, no tenga un protocolo actualizado en relación al Código Civil vigente desde el año 2015, ni a los avances científicos en materia de dosis y procedimientos”, apunta un comunicado gremial de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Salud.

El protocolo sin protocolo es un mal del macrismo. A la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le pasó lo mismo y le dio inicio a la maldición protocolar. Vidal llegó a la Gobernación con una sola mujer en su gabinete: Zulma Ortiz. Ella se fue, el 7 de julio del 2017, alegando “desgaste personal de la gestión”. Pero, básicamente, por decidir, en octubre del 2016, que la Provincia de Buenos Aires adhiriera al Protocolo de Interrupciones Voluntarias del Embarazo del (en ese momento) Ministerio de Salud de la Nación.

Vidal se va (a la casa de sus padres) sin ninguna mujer en su gabinete, sin protocolo y con sus hijas que sí apoyan el aborto legal. Ella retrocedió en el cumplimiento del fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la realización plena y sin obstáculos ni dilaciones de los abortos legales.

En 2007, en la gestión de Ginés González García en el Ministerio de Salud, se publicó el primer protocolo de abortos legales que se llamó “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” en una medida pionera y rectora de la definición del Código Penal, desde 1921.

Si el pronóstico político no se encuentra con chaparrones inesperados el año que viene, a 99 años de esa norma, el aborto va a salir del Código Penal y se va a convertir en un derecho y dejará de ser un castigo a la penitencia de la clandestinidad.

Por mucho tiempo la norma estuvo solapada en la web o no practicada –durante la gestión de Graciela Ocaña que no atendía los pedidos de abortos legales aún en niñas violadas-, hasta que la decisión de Paula Ferro en el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable decidió subir la apuesta, crear la Línea 0800 de Salud Sexual (0800-222-344) y garantizar los abortos legales para personas violadas, mujeres cuyas vidas corran riesgo o que transiten por un embarazo inviable.

“La interrupción del embarazo es un procedimiento sumamente seguro si es practicado con los instrumentos y en las condiciones adecuadas. En los países donde el aborto está permitido por la ley y el personal de salud está capacitado para ofrecer servicios seguros, la tasa de mortalidad por estas prácticas es baja, de 0,2 a 2,0 muertes por cada 100.000 abortos; en esas regiones, inclusive, la mortalidad relacionada con el embarazo es significativamente más alta: 9,0 muertes por cada 100.000 nacidos vivos”, explica el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, publicado en abril del 2015.

Si el protocolo Rubinstein se cae se vuelve a la versión de hace cuatro años. Pero sea como sea no es que no se puede ir a un centro de salud a pedir ayuda, medicación o asesoramiento si no se quiere o puede continuar con un embarazo. La realidad es que los sectores conservadores hacen retroceder derechos.

Sin embargo, el Presidente electo Alberto Fernández anunció que va a enviar un proyecto de ley (del que se desconoce la letra chica) y concurrió a la presentación del libro “Somos Belén. Una injusticia conmueve al mundo. Una argentina pasa 29 meses en prisión por un aborto espontáneo. La verdadera historia detrás de las máscaras”, de la periodista y abogada Ana Correa, de Editorial Planeta.

En el libro la autora de “Los cuentos de la criada” Margaret Atwood escribe en el prólogo: “El caso de Belén no fue una injusticia aislada. Que una mujer haya sido presa por abortar cuando en realidad tuvo una pérdida gestacional es una historia que podría haber salido directamente de las páginas de mi libro sobre Gilead”.

Atwood contextualiza la relación directa entre el acceso a decidir sobre el cuerpo sin morirse, sufrir, pagar u ocultarse y la calidad democrática de las naciones: “No es casual que la eliminación o negación del derecho de las mujeres a la igualdad y la equidad haya sido una característica de todos los regímenes totalitarios desde que tengo memoria”.

Dime qué democracia tienes y te diré si cuidas o te ensañas con los cuerpos de las mujeres. Dime si avanzas o retrocedes en la libertad y cuidado de los cuerpos y te diré qué gobierno prefieres.

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