Protestas en Chile: aumentan las denuncias por represión y torturas

24 octubre, 2019

Los videos se propagan por las redes sociales y generan una ola de indignación casi tan grande como la de la desigualdad que hizo encender las llamas de las protestas. Las torturas y excesos de violencia por parte de los militares y carabineros desplegados en las regiones que desde el viernes están en estado de emergencia pasaron de ser un tema de conversación en las calles a convertirse en 17 causas penales, denuncias de violación de derechos humanos y condena internacional en un conflicto que dejó 18 muertes, de las que por lo menos cinco se adjudican a las fuerzas de seguridad.

Mientras los manifestantes y la oposición piden que levanten el estado de emergencia y se terminen los toques de queda, los primeros desde la dictadura de Augusto Pinochet, el accionar de las fuerzas desplegadas para técnicamente mantener el orden y la seguridad en un momento de conflictividad está cada vez más cuestionado.

El último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo público y autónomo, publicado este mediodía, da cuenta de 2138 personas detenidas -entre ellos 243 menores de edad-, 376 heridos -173 por arma de fuego, por lo que se los vincula con las fuerzas de seguridad- y cinco muertos a manos de agentes de estado. Tres de ellos por disparos, uno por golpes y otro al ser arrollado por un vehículo militar. Además, ya presentaron 44 acciones judiciales por torturas, detenciones ilegales y violencia sexual en comisarías.

La de Álex Núñez Sandoval es una de esas cinco muertes, que hasta hoy no estaba dentro de la lista oficial, lo cual generó sospechas sobre la transparencia en el balance. El gobierno hoy admitió esa muerte y justificó con un «desfasaje» la omisión en el reporte de ayer. Según familiares y testigos, Núñez, de 39 años y padre de dos hijos, fue detenido ayer por la madrugada mientras protestaba durante el toque de queda por tres carabineros, que lo golpearon y dejaron agonizando en la comuna de Maipú, en Santiago. Fue hospitalizado con muerte cerebral y murió poco después.

Por otro lado, José Miguel Uribe Antipani, de 25 años, falleció el lunes tras recibir un disparo en el tórax mientras manejaba en la ciudad de Curicó, que no se encuentra en estado de emergencia, cuando volvía de una manifestación. Un militar se entregó y está detenido por este caso. Los otros tres «muertos por agentes del Estado», según la IDH, son Romario Veloz Cortez, un estudiante ecuatoriano de 26 años; y Kevin Gómez Morgado y Manuel Rebolledo Navarrete, de 23 años.

«Violación de los derechos fundamentales»
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, tras la presentación de querellas del INDH, abrió 17 causas penales en las que busca establecer la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. La vocera de la Fiscalía, Marta Herrera, remarcó que son investigaciones caratuladas como violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellas vinculadas con torturas.

Ayer, el director del INDH, Sergio Micco, se reunió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para llevar su reporte y trasladar su «preocupación por la violación de los derechos fundamentales» en los últimos días y por «la transparencia en las cifras de personas fallecidas, heridas, detenidas». Este mediodía se reunió con el presidente, Sebastián Piñera.

«El INDH ha registrado relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante horas», señaló su último comunicado. El organismo recopila información en comisarías, hospitales y manifestaciones, además de recibir e investigar denuncias de la sociedad.

En relación a la violencia sexual en las comisarías, la INDH precisó que «una de las denunciantes relata haber sido puesta boca al suelo sobre la basura y con el arma de servicio, haber sido amenazada con dispararle si se movía, para luego tocar su cuerpo con el fusil y amenazarla con penetrarla con el arma».

Para Micco, «es evidente que [el Ejército] no está preparado para cumplir funciones de orden público». «Su presencia solo debe ser disuasiva, es decir debe estar presente para resguardar bienes públicos, pero lo más distante posible de la gente, evitando posibilidades de enfrentamiento para así no repetir escenas como las que hemos visto», indicó.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que «si se demuestra que hay apremios ilegítimos y torturas, el gobierno lo condena». «Estamos viviendo un estado de emergencia, con toque de queda, pero eso no es un amparo a situaciones de violación de derechos humanos», dijo en respuesta al informe del INDH, al tiempo que destacó el rol de ese organismo y la Fiscalía Nacional para «analizar, denunciar y evaluar si no se están dando los estándares establecidos en las normativas» vinculadas a los derechos humanos.

Mientras tanto, durante las primeras horas de la tarde, dos jueces desmintieron una noticia que se había viralizado en las redes sociales: la existencia de un presunto centro de torturas en una comisaría ubicada en la estación de subte de Baquedano. Un joven había asegurado que vio en ese lugar, mientras estaba retenido, hasta a personas colgadas desde el techo, atados con sus muñecas.

«Es muy complejo el rol que les toca jugar a las fuerzas de seguridad en un estado de emergencia donde se suspenden garantías constitucionales en plena democracia. La gente se polariza. Para un sector no hay más remedio que la represión, mientras que para otros es una provocación donde habrá muertos innecesariamente producto de violencia de Estado», dijo a LA NACION María Cristina Escudero, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Además, señaló que «el Ejército no está preparado para ficciones de orden público en democracia», motivo por el cual «la situación de los militares en la calle es tan delicada».

Por su parte, Lucia Dammert, socióloga especializada en seguridad de la Universidad de Santiago de Chile, opinó que «las fuerzas de seguridad han dejado mucho que desear desde el primer momento que fueron incapaces de enfrentar los primeros movimientos de la ciudadanía hasta lo que está pasando hoy, que ya es un abuso policial y militar». «Chile es un país que ha utilizado permanentemente la policía en situaciones de protesta social con mucha fuerza. El uso de bombas lacrimógenas acá es cotidiano, por lo que a los movimientos sociales no les sorprende esta situación, pero lo que estamos viendo ahora escapa cualquier nivel», agregó.

Preocupación de HRW
Las noticias por los excesos de violencia de parte de las fuerzas de seguridad en Chile tuvieron repercusión en toda la región y despertaron la alarma en la ONG Human Rights Watch.

«Son profundamente preocupantes las imágenes de casos de brutalidad policial en Chile», expresó ayer el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.»El presidente Piñera debería transmitir claramente a las fuerzas de seguridad chilenas que deben respetar los derechos humanos y asegurarse de que los agentes implicados en abusos sean investigados en forma oportuna e imparcial», agregó en un comunicado.

El organismo de derechos humanos subrayó que «las autoridades chilenas deberían investigar y juzgar tanto a los manifestantes que han cometido graves delitos y actos de violencia» además de a las fuerzas de seguridad.

Comentarios

comentarios