La Justicia rechazó la domiciliaria de Julio De Vido y seguirá preso en la cárcel

6 septiembre, 2019

Lo había solicitado por su edad y por cuestiones de salud. La Justicia argumentó que todavía no cumplió 70 años y que puede atenderse dentro del penal de Marcos Paz.

Julio De Vido tuvo una audiencia clave la semana pasada con la que buscó obtener la prisión domiciliaria, pero la Sala I de la Cámara federal porteña rechazó otorgarle el beneficio. Había pedido alojarse con tobillera electrónica en su chacra de Puerto Panal en Zárate. No es la primera vez que le pide a la Justicia este beneficio, aunque con los nuevos tiempos judiciales tras la victoria en las PASO de Alberto Fernández, el ex ministro se había entusiasmado.

El pedido de sus abogados planteaba que el ex ministro cumplirá 70 años en diciembre, y que por eso ya tenía que gozar del beneficio sumado a su problemas de salud.

“Este razonamiento, tan lógico como comprobable, remite a que cumplidos los 69 años, es decir, el traspaso de un total de 25.185 días aproximadamente, comienza el recuento del año 70 de vida, momento en el cual nos encontramos”, habían afirmado los abogados de De Vido al requerir la prisión domiciliaria.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideran que no cumplía los requisitos para obtener la prisión domiciliaria y que aún no había cumplido los 70 años.

La defensa había argumentado también que deberían darle este beneficio por cuestiones de salud. Según su defensa padece «hipertensión arterial, úlceras, un nódulo en un pulmón y es insulinodependiente».

Entonces los camaristas recomendaron al juez Bonadio que ordene al Cuerpo Médico Forense que hagan los estudios pertinentes ya que cuentan sólo con los informes del Servicio Médico Penitenciario.

Con esos datos, la Sala I de la Cámara Federal porteña resolvió no hacer lugar al pedido, una decisión que fue cuestionada por el propio De Vido desde redes sociales.

En 2018 ya había pedido la prisión domiciliaria que fue rechazada como otros escritos solicitando su excarcelación.

“No hablamos aquí de libertad, mucho menos de los riesgos que deben ser analizados frente a la posible excarcelación del imputado, sino de la posibilidad de sostener dicha detención bajo criterios menos gravosos para su salud, que aseguren la dignidad de la persona y la ausencia de tratos inhumanos que generen un gravamen concreto al individuo por parte del Estado que debe, frente a toda arbitrariedad, defenderlo”, planteó en su descargo la defensa.

En su reclamo, De Vido planteó su deseo de abandonar el penal de Marcos Paz e irse a una chacra que tiene el partido de Zárate (provincia de Buenos Aires) y usar una tobillera electrónica que habilite sus movimientos en un radio de 100 kilómetros.

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, se encuentra en el Penal de Marcos Paz desde el 25 de octubre de 2017. Le quitaron sus fueros de diputado de la Nación por orden del juez Luis Rodríguez, que lo investiga por una malversación de fondos por $ 26.000 millones que debían dirigirse a la modernización y puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El perjuicio al Estado se estimó en 265 millones de pesos. Esta causa está próxima a ser elevada a juicio oral.

Pero la situación judicial de Julio De Vido es aún más compleja. El año pasado recibió condena (aunque aún no está firme) en la causa por la Tragedia de Once. Allí el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), lo encontró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta y aunque fue absuelto por la acusación de estrago culposo, ya que no lo responsabilizaron de las 52 muertes del siniestro ferroviario, le dieron 5 años y 10 meses de prisión.

Si bien sumarán al ex funcionario K al juicio contra Ricardo Jaime donde se unificaron cinco expedientes, entre ellos el que comparten por la compra de trenes chatarras a Portugal, De Vido afronta al igual que Cristina Kirchner el juzgamiento por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.

Entre los expedientes que acumula, De Vido también está procesado en Skanska y Skanska II (esta última vinculada a la brasileña Odebrecht que admitió haber pagado coimas en nuestro país), pero en estos dos casos sin prisión preventiva.

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