Política antes, política ahora

17 mayo, 2019

La Corte Suprema intentó esta semana meterse por primera vez, y en forma sorpresiva, en algo que se volvió moneda corriente en los tribunales de Comodoro Py durante el gobierno de Cambiemos: el armado de causas, con pruebas dudosas, con denuncias sobre políticas de gobierno en lugar de delitos, o directamente sin pruebas. Eligió el caso de “vialidad” o la “obra pública” que tiene en el centro a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y potencial candidata de la oposición. Es evidente que los supremos hacen política, y cálculos, cuando toman decisiones de este tenor. También hay que decir, que era hora de que se ocuparan de las denuncias de privación de justicia y violación de garantías que alarman desde hace tiempo a importantes referentes de la comunidad jurídica. A la vez es imposible ignorar que la propia Corte, durante buena parte de la administración macrista, respaldó las tropelías de los jueces federales, la catarata prisiones preventivas contra ex funcionarios y el armado de un cronograma de juicios orales que parece diseñado para enchastrar la campaña presidencial de este año. Política antes, política ahora.

Pero todo hace pensar que los supremos empezaron a olfatear que el escenario está cambiando. Vieron que el Gobierno está en crisis, que el clima está denso, que hay gran descontento social, que el macrismo  viene siendo derrotado por el peronismo en todas las provincias, que la economía es una calamidad y que CFK crece en las encuestas. Tal vez no contemplaron que se armaría un escándalo capaz de opacar todo eso, porque una de las especialidades del Gobierno es camuflar la realidad con tácticas como salir a criticar a jueces que no fallan como ellos quieren, y a algunos los han echado por eso, sin más. Es una parte del discurso de Cambiemos que prende cuando la sociedad está ávida de encontrar culpables de las desgracias. En el terreno Judicial, el macrismo ha sido despiadado. Aunque se estrategia comenzó a resquebrajarse con el intento de expulsar al juez Alejo Ramos Padilla, que conduce la causa sobre espionaje ilegal, que también salpica a Cambiemos, y que casualmente fue respaldado por la Corte.

A última hora del martes el tribunal anunció en su Centro de Información Judicial (CIJ), con una publicación de dos líneas incomprensible para cualquier desprevenido, que había decidido pedir el expediente completo de la causas obre las obras en la provincia de Santa Cruz, sobre las que versará el juicio que tiene entre sus protagonistas a la ex presidenta, al ex ministro Julio De Vido y al empresario Lázaro Báez, entre otros. Una página casi en blanco y sin firmas no fue el mejor comienzo para una noticia bomba. Para los entendidos y los periodistas que preguntan, era obvio que sin expediente no podría iniciar el juicio previsto para una semana después. La traducción inmediata y simplista del Gobierno y de los medios afines fue: 1) se frenaba el primer juicio donde anhelaban ver sentada a la ex presidenta en pleno clima electoral; 2) ahora resulta que la Corte es “K”.

La falta de una buena explicación del alto tribunal, corrió del foco algo jurídicamente fundamental: había  nueve planteos, y varios de ellos cuestionaban la falta de prueba y de peritajes con las que se iniciará el debate, que a las defensas –además– les fueron negados. De 51 obras objetadas en la causa, en primera instancia el juez Julián Ercolini no mandó a peritar ninguna; el Tribunal Oral Federal 2, mandó a peritar cinco recién el 12 de febrero último, cuando la fecha inicial para hacer el juicio era el 26 de febrero, pero se postergó porque falleció uno de los jueces. Ninguno de esos estudios está terminado al día de hoy. ¿Hubieran empezado, por ejemplo, el juicio sobre el accidente de Once sin una pericia sobre el tren? Seguramente no. ¿Podría haber una privación de justicia en ese caso? Si, podría. Es lo que los supremos tienen que determinar ahora. ¿Podrían mandar a hacer más pericias? ¿Podría esto impactar en el juicio? Sí a todo.

La primera reacción del tribunal oral a cargo de la causa fue admitir ante los medios que sin el expediente no debían postergar el inicio de las audiencias, y que en cierto modo eso era mejor, porque se ahorrarían futuras nulidades. Anunció incluso que iban a firmar una resolución que levantara la convocatoria. Su presidente, Jorge Gorini, se lo hizo saber incluso a la Corte. Pero cuando empezó el Gobierno a despotricar contra los cortesanos y los medios en sintonía a desparramar su discurso de “peligro de impunidad”, y se presentaron la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera a reclamar que empiece el juicio, y surgieron unos cacerolazos aislados, en Comodoro Py algunos jueces se sintieron envalentonados, los compañeros de Gorini –Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu– pusieron alguna resistencia, entonces el TOF2 cambió de planes. Ayer por la mañana anunció que enviaba el expediente a la Corte pero no suspendía la convocatoria a la audiencia del próximo martes. El mensaje era nítido: que los supremos paguen el costo del lío que armaron y si no mandan el expediente de vuelta para el lunes, la responsabilidad de que no empiece el debate será de ellos. Mientras tanto, algunos canales de televisión se hacían un festín mostrando la carretilla que llevaba el expediente.

Lo más impresionante, al borde del papelón, fue el comunicado que la Corte publicó después. Primero en una versión equivocada (con correcciones y acotaciones incluidas del estilo “ojo con esto”) que fue bajada de la web enseguida, y luego una versión final sinuosa, que tampoco sumaba claridad al panorama, pero de la que se podía concluir: la Corte reculó. Y sí, en buena medida los supremos recularon. Algunos se sorprendieron por el tono salvaje del Gobierno. Además, en 2017 padecieron la marcha contra el 2×1 a favor de los genocidas: salvando todas las distancias entre los posibles manifestantes de entonces y ahora, tampoco quieren cacerolazos, ni volver a pasar momentos incómodos cuando van a dar conferencias.

Lo más importante del texto está en los párrafos finales. Primero dice que pedir un expediente no suspende el trámite de un juicio, y que tampoco lo había suspendido el TOF2. Que podía sacar copias y devolverlo. Que hay una necesidad de que los procesos judiciales avancen, pero también de respetar el derecho de defensa. Y luego agrega algo clave: “que de este modo se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”. Pasó con el juicio de los sobornos del Senado; pasó con el caso AMIA. Entonces, ahora viene el gran enigma sobre qué hará la Corte. Porque había empezado bien, poniendo la mirada en un problema crucial del sistema judicial, nada menos que de vulneración de derechos. Hoy es una ex mandataria, pero le cabe a cualquier ciudadano de a pie. La Corte tuvo razón en el arranque, y al fin lo hizo. ¿Tendrá espalda para poner fin a la irregularidad de que empiece un juicio contra una ex presidenta con toda la prueba cuestionada? Lo único claro es que esto recién empieza.

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