En la Defensoría del Pueblo bonaerense aseguran que el aumento de gas “carece de sustento jurídico”

9 octubre, 2018

El Secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Ruesga, pasó por Radio UrbanaBA y explicó que el aumento “va en contra de artículos del código civil; de la Constitución”. ¿Y si hay otra devaluación?

Hablamos con el concejal de Cambiemos de La Matanza, Saredi, y él nos decía que el aumento retroactivo es ilegal. ¿Por qué es ilegal?

Carece de sustento jurídico, por un lado. También está fuera de todo foco racional; de sentido común. Cuando uno paga una factura de gas, como cualquier otro pago de factura, está cancelando una obligación. Todos los que hemos pagado con mucho esfuerzo durante todos estos meses la factura de gas, estábamos cancelando esa cantidad de metros cúbicos consumidos. Pretender que dos o tres meses después, cobrar un retroactivo porque el dólar tuvo una fluctuación, carece de sentido jurídico. No se puede hacer. Una resolución no puede afectar derecho ya adquiridos. No puede ser retroactivo. Esto es como si yo te compro un auto a principio de año y después a fin de año te planteo un nuevo precio para cobrar un poco más porque el dólar aumentó.

Nosotros ejemplificamos con el café. Mañana vuelvo a un bar y me dicen “me debés plata del café de la semana pasada”.

Es un ejemplo práctico. Esto pasa porque, desde otro punto de vista, el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, lo había manifestado en las audiencias públicas, nos encontramos con un Estado que no solamente se corrió de la obligación de defender a los usuarios: directamente juega a favor de un grupo concentrado de empresas que pretenden tener la máxima rentabilidad posible.

¿Cuál es puntualmente el argumento? Por que la resolución del boletín oficial dice que se paga este canon extra durante 24 meses por que la devaluación modificó el precio del gas. Después Iguacel la quiso acomodar porque se dio cuenta que el boletín era una barbaridad. ¿Las distribuidoras compran el gas, lo tienen guardado y después lo distribuyen?

Todas estas facturas de gas que hemos estado pagando por nuestros domicilios estuvieron calculadas a un dólar de 20, 21, 22 pesos. Lo que hace el mercado en determinadas épocas del año es firmar contratos de previsión de gas con las productoras: YPF o alguna otra multinacional. Establecen un valor. Ellos de lo que se agarran es de esta situación de que han pagado el precio en dólares y de que está fijado en dólares. Por eso pretenden cobrar esa diferencia. Lo que pasa es que va en contra de artículos del código civil; de la Constitución. De las leyes de defensa al consumidor. En cualquier caso, si hubiese alguna duda en la interpretación y que quedase alguna duda en decir “corresponde o no” a las empresas cobrar esto, la ley de defensa al consumidor es clara: “Ante cualquier duda siempre a favor del consumidor”.

¿La ley de defensa al consumidor está por encima de alguna otra?

Es legislación vigente. Como cualquier otra ley. La verdad es que, en el fondo, estos contratos de concesiones y de este por el tema del gas, fue originado en la década del 90 cuando se privatizó. Si recordamos un poco el ministro Dromi había sido arquitecto de toda esta cuestión tarifaria y de privatizaciones de servicios públicos. En aquel momento, con la convertibilidad, un dólar era un peso. Entonces, hoy, nos encontramos que esos contratos siguen fijando valores en dólares. La verdad es que lo que necesitamos es un Estado presente y que esté del lado de los más débiles, que en este caso, no hay ninguna duda que somos los consumidores.

¿Por qué el gobierno comete esta torpeza con la publicación de esta resolución? Porque la verdad que el gobierno podría haber publicado alguna otra cosa. Haber dicho que había otro aumento del gas, como los otros.

La verdad que uno desde la defensoría no estamos en condiciones de determinar porqué han hecho lo que han hecho. Lo que sí te puedo decir es que en estos últimos quince días, con respecto solamente al gas, han sido malas noticias para los usuarios. Por un lado restringieron aún más la tarifa social. Ya era poca la cantidad de metros cúbicos que te daban a precio diferencial; ahora son menos. Se eliminó también el programa que establecía que el que ahorraba con respecto a años anteriores tenía un descuento. Después avisaron que desde octubre habría un aumento del 35% que, si lo analizamos, es sustancialmente mayor en algunas categorías. Cuarto: esta resolución donde nos obligan a todos los usuarios a pagar durante dos años.

¿Se sabe el monto de esas cuotas?

Ayer en conferencia de prensa Iguacel dio algunos números. Lo que pasa es que todos los números que ha dado este gobierno en los últimos dos años respecto a servicios públicos, han errado en todo. Desde decir cuánto iba a ser la inflación hasta la frase de Prat-Gay sobre “dos pizzas” que eran nada más el aumento. No hace falta decir que los aumentos han sido muy significativos. La otra pregunta que nos cabe: ¿y si el año que viene vuelve a haber otra devaluación, cómo vamos a hacer?

 

 

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