La sanción pasadas las 7 de la mañana del día de hoy a la Ley de Reforma Previsional fue uno de los capítulos que tuvo la trama de negociaciones entre el gobierno de la Nación y los de las Provincias en cuestiones de financiamiento y no desbalance de sus arcas en el contexto incial de la eliminación del Fondo del Conurbano.

Hace poco más de un mes el presidente de la Nación, Maurcio Macri, acordó con todos los gobernadores un Pacto Fiscal. Alberto Rodríguez Saá (San Luis) fue la única excepción. En el mismo se pactaron pautas para la distribución de recursos entre unos y otros a raíz de la eliminación al tope de $650 millones que percibía Buenos Aires en materia coparticipable.

A ese Consenso Fiscal se llegó luego de que la batalla judicial que libró María Eugenia Vidal desde que llegó a la gobernación por el Fondo del Conurbano parecía tener un final cantado: un fallo favorable a su favor por parte de la Corte Suprema. Esto significaba una fuerte transferencia de recursos coparticipables a Buenos Aires a partir de su disolución y el desfinanciamiento de otras provincias. Por eso, se optó por un acuerdo de tinte político y no judicial.

A partir de allí, aparece el gran derrotado: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. En ese pacto fiscal, el gobierno nacional le quitó la recaudación del 20% del Impuesto a las Ganancias y se lo dio a las provincias. Así, dejará de percibir entre 50 mil y 100 mil millones por año; gran parte de ese monto corresponde a lo que ya no recibirá de la cuota del Fondo del Conurbano. Ahora ingresará lo que se recaude en su totalidad por el Impuesto al Cheque.

De esta manera, Vidal se aseguró para el año que viene, más allá de la posible sanción a la reforma previsional bonaerense, 40.000 millones de pesos.