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4 de Octubre de 2017

La gravsima crisis de Catalua

Xavier Vidal-Folch es periodista español. Columnista del Diario El País.

En los próximos días, incluso quizá en las próximas horas, el Gobierno regional catalán de Cataluña (la Generalitat) se propone impulsar la secesión de España mediante una proclamación (o declaración) unilateral de independencia. Lo que generará una crisis política, y de orden público, mayúscula en Cataluña y en toda España.

Aunque las disensiones dentro del bloque secesionista, entre ex-moderados, republicanos radicales y anti-sistemas de ultraizquierda no permiten establecer un calendario exacto (el cuándo); ni la fórmula de separación, si instantánea o diferida (el cómo); ni siquiera el quién (si el Parlamento o el propio Gobierno), el objetivo está claramente definido por el presidente de la Generalitat desde el domingo 1 de octubre en que se celebró el fallido, ilegal y accidentado referéndum secesionista: proclamar la ruptura con España.

Puede resultar sorprendente, y lo es, que se pretenda extraer legitimidad para crear un nuevo Estado de una consulta popular completamente ilegítima e ilegal. Porque a diferencia del Reino Unido o de Canadá, en España - como en Italia, Alemania o Francia - está expresamente vetado por su Constitución el pretendido derecho a la secesión, tanto como el de “autodeterminación”, que las Naciones Unidas solo otorgan a las colonias o los territorios subyugados militarmente a un poder extranjero.

Pero además, esa consulta se celebró tras ser suspendida por el Tribunal Constitucional y los jueces ordinarios; se realizó en virtud de dos leyes del Parlamento catalán ellas mismas ilegales puesto que derogaban, sin capacidad de hacerlo, las normas supremas internas del Estado de derecho, la Constitución española y el Estatuto de autonomía catalán; vulneró todos y cada uno de los requisitos y recomendaciones del Consejo de Europa (Comisión de Venecia, código de buenas prácticas) sobre la realización de referendos; y finalmente violó todas y cada una de las disposiciones de su propia ley ilegal: ni hubo autoridad de control electoral independiente, ni sobres para las papeletas de voto, ni mesas constituidas según la norma prevista, ni censo fiable de electores, ni colegio para cada uno, puesto que minutos antes de empezar se declaró “colegio universal”, por lo cual cada uno podía ir a votar a la mesa que más le conviniese, y hubo muchos que lo repitieron en varias. Y aún más, sobre la marcha se cambió el horario de votación, ampliándolo.

De manera que no fue un referéndum homologable, sino otra cosa: desde el punto de vista del poder, una ópera bufa. Desde el de los electores inocentes, una manifestación de protesta, una movilización legítima. Y el presunto “resultado”, que tardó días en conocerse registró menos participación que en la también ilegítima consulta de 2015, pero con cifras a la búlgara.

Así que ningún Gobierno en el mundo, ni ninguna institución internacional dio por válida la convocatoria, y también por ello carece de efectos, sobre todo del principal perseguido por la Generalitat, el reconocimiento exterior. Tras la irregular votación se esforzó en reclamar la mediación de la Unión Europea, en un sentido favorable a la independencia, cuando la UE viene obligada por su Tratado (artículo 4) a respetar la integridad territorial de sus Estados miembros.

Ahora bien, aunque no obtuvo ningún aval a su afán separatista, distintas voces internacionales protestaron enérgicamente por los excesos y abusos en las intervenciones policiales dictadas por la Justicia: y que el Gobierno central no supo o no quiso contener a lo mínimo indispensable y proporcionado, añadiendo así más leña al fuego, más petróleo al incendio. De forma que lo que había sido una derrota política y jurídica en toda regla, el propio referéndum, se convirtió para el separatismo en una victoria icónica y mediática.

Entre un Gobierno regional subversivo y el Ejecutivo nacional paralizado o torpe, la pelea táctica seguirá como una aparente riña de gallos, oscureciendo que se trata de un pulso entre quienes mantener el ordenamiento democrático, constitucional y estatutario, frente a los que pretenden romperlo a la brava, mediante hechos consumados ilegítimos. En suma, una grave crisis.