El debate político actual está cargado de intensidad. Excede largamente la disputa entreverada sobre cómo se desarrollan las posibilidades personales de los dirigentes, y se concentra -sobre todo- en debates y discusiones acerca del modelo de crecimiento nacional, la distribución de la riqueza, la calidad de la Democracia o la construcción de ciudadanía. Cuando se logra despejar la hojarasca de chicanas y denuncias, se distingue un panorama en el que se da una confrontación entre dos pensamientos, entre dos avenidas ideológicas opuestas.

Quienes quieren conservar o aumentar privilegios confrontan con quienes proponemos revertir la desigualdad y la injusticia, expresadas en que algunos tengan mucho y otros muy poco, en que algunos gocen derechos de los que otros están privados, en que algunos tengan acceso a desarrollarse mientras otros sólo puedan reproducir y profundizar sus carencias.

Quienes asumen la defensa del estado de cosas heredado de un modelo económico, político y cultural impuesto en la dictadura y consagrado en el menemismo, lo hacen muchas veces con sutileza, subrepticiamente, con dobles discursos. En general, evitan decir que comparten aquel paradigma de exclusión y desigualdad. Pero, en ocasiones, no pueden disimular su proyecto de orientar el destino de muchos hacia un horizonte de pocos.

Su cinismo e hipocresía obliga a estar alertas para no quedar enredados en falsas apelaciones a la institucionalidad, a la república o al consenso.
Expresan un pensamiento de derecha, más allá de los partidos a los que pertenecen, y se organizan en la escena nacional en el llamado Grupo A, que increíblemente -o no- a veces integran también “sectores progresistas” del Parlamento.

La conducción de ese espacio está a cargo de los mismos que suelen reclamar impunidad para los más poderosos y endurecimiento de las penas para los más postergados; los mismos que cercenan a las minorías los derechos que ellos gozan; y los mismos que le ponen el oído a las corporaciones y pretenden transformar sus objetivos en una causa nacional.

Frente a la derecha

En este presente, se lograron dar pasos importantes en dirección contraria a la del paradigma neoliberal que fue hegemónico entre mediados de los ’70 y principios del siglo actual. El oficialismo avanzó en un rumbo que nosotros, con autonomía, compartimos porque es el que orientó desde siempre nuestro andar militante. En esa avenida, nos encontramos con otros y con otras que están a favor de la integración regional de América del Sur; que están a favor de la perspectiva de derechos humanos; que están a favor del Estado como promotor de un desarrollo más equitativo y garante de derechos; que están a favor de políticas redistributivas como la Asignación Universal por Hijo, la estatización, ampliación y aumento periódico de las jubilaciones y pensiones o la reversión progresiva de la pirámide tributaria, entre otras. Nos encontramos quienes seguimos pensando a la política como una herramienta al servicio de las causas populares.

Las contradicciones y los déficits que tiene el Gobierno, no nos hacen corrernos de esta avenida del pensamiento. Muy por el contrario: con el orgullo de haber sostenido este rumbo en la adversidad, cuando muchos preferían refugiarse en oficialismos de otro signo ideológico, nosotros exigimos la profundización de las políticas transformadoras, con la misma decisión con la que apoyamos las cosas que se hacen bien o cuestionamos políticas injustas y conservadoras.

Por eso, la construcción de una alternativa política nueva, de izquierda, nacional, popular y democrática. Por eso, nuestra autonomía. Por eso, nuestro pronunciamiento, por ejemplo, a favor de la designación de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central; nuestra insistencia con la ley de Glaciares y el cuidado del agua como bien social; o nuestra inmensa alegría por haber logrado este paso a favor de la igualdad como es la ley que equipara derechos de las parejas heterosexuales con las del mismo sexo.

La estrategia de la crisis fiscal

Mientras tanto, los integrantes del Grupo A se organizan en torno a una estrategia de desgaste muy peligrosa para el país y, sobre todo, para los sectores más empobrecidos, que sufren la sistemática vulneración de sus derechos. Tratan de romper el clima de estabilidad económica (que incluso campeó la tormenta desatada en el último año en el mundo), quitándole recursos al Estado, por ejemplo, al querer bajar las retenciones a la renta extraordinaria del agro.
El caso de la suba de las jubilaciones mínimas al 82 % móvil es una muestra clara de esa estrategia perversa. Utilizan con demagogia el legítimo reclamo de los adultos mayores pero no proponen ninguna fuente nueva de recursos, lo que significa que el Estado debería realizar un ajuste en otras inversiones públicas para poder llevar la mínima de 895 a 1.230 pesos.

Nosotros, que por supuesto sostenemos esta histórica bandera de los jubilados y jubiladas, queremos el aumento y proponemos para lograrlo que se restituyan -diferenciando a las PyMEs- los aportes patronales a los valores vigentes antes de 1993, cuando Domingo Cavallo gestó un millonario incremento de las ganancias empresariales al reducir casi a la mitad sus obligaciones fiscales.

Como sucedió también a principios de año con la discusión acerca del uso de los excedentes de reservas del Banco Central, o luego con la coparticipación del Impuesto al Cheque (donde en realidad buscaban más ajuste y endeudamiento a tasas más altas) en algunas semanas viviremos otro escenario de confrontación con estos sectores de derecha: volverán a intentar bajar las retenciones que pagan los empresarios del campo por su enorme rentabilidad. El Grupo A mantiene reuniones en estos días para avanzar con ese propósito en la búsqueda de sacudir las cuentas públicas y condicionar la gestión nacional.

Pueden ser presentadas públicamente como medidas para que no se dilapiden recursos. Pero no es así, y menos aún cuando están encarnadas por quienes endeudaron al país, quebraron el ANSES, privatizaron las jubilaciones, generaron crisis inflacionarias arrasadoras o produjeron los niveles de pobreza y desempleo más altos de la historia, esas iniciativas tienen un objetivo excluyente: buscan sacar al país del camino de la transformación y volver a ponerlo en la avenida de la concentración de la riqueza, la desigualdad, la impunidad, la dependencia económica y el cercenamiento de derechos.

Nuestra tarea es no permitir que eso suceda; defender el rumbo y, al mismo tiempo, construir una fuerza que sea expresión de mayorías, que aspire a gobernar y que promueva y concrete los cambios que aún están pendientes.