Por Vilma Ibarra, Diputada del Encuentro e integrante de la Mesa Nacional del EDE.

Frente a la disputa por las presidencias de las comisiones parlamentarias, confrontamos con la integración del llamado Grupo “A”, perfilado como un conglomerado opositor hegemonizado por la Coalición Cívica, la UCR, el Pro y el Peronismo Federal. Sabíamos que desde allí se impulsarían miradas conservadoras y reaccionarias respecto de la realidad política de nuestro país, y con el correr de los meses quedó en evidencia que fue un enorme error político que sectores del espacio progresista abonaran a la conformación de ese espacio.

Otro debate importante tuvo que ver con el uso de reservas para pagar deuda externa. Allí, el oficialismo, asumiendo la defensa de una medida que creemos correcta, sobreactuó el uso de los decretos de necesidad y urgencia, centrando el debate en la herramienta y no en el fondo de la cuestión. La oposición más conservadora quiso frenar ese camino, para obligar al gobierno a endeudarse a tasas altísimas o afrontar los pagos con dinero presupuestado para otros gastos. Nosotros nos opusimos al ajuste y defendimos el pago con reservas de libre disponibilidad, para lo cual propusimos la sanción de una ley. Planteamos con claridad que el debate de fondo era sostener el gasto social o ir a un ajuste, con todas sus consecuencias.

También nos posicionamos con firmeza frente a una de las decisiones más trascendentes de los últimos años: la Asignación Universal por Hijo. Respaldamos esa medida y su importancia, pero impulsamos un proyecto que le da carácter de ley a la medida, amplía sus alcances y establece un mecanismo sustentable de actualización.

En estos meses, además, presentamos el proyecto de ley de libertad sindical, que impide el monopolio de la representación de los trabajadores por parte de la CGT y permite el reconocimiento de la personería jurídica a la Central de Trabajadores Argentinos (liderada por el compañero Hugo Yasky), demanda histórica que salda una deuda de sucesivos gobiernos.

Otra iniciativa trascendente y de pronto tratamiento es la propuesta de Ley de Servicios Financieros, que permitirá acabar con la norma vigente de la dictadura, pensada por y para las entidades financieras. Nuestra iniciativa considera a la actividad financiera como un servicio público y regula su funcionamiento, ligado a la defensa de nuestra producción y de las PYMES, pensado para impulsar y permitir el desarrollo productivo del país.

En el ámbito institucional impulsamos la ley de Acceso a la Información, que recoge la experiencia de gobierno del Municipio de Morón, reconocido en Argentina y en el mundo por las más prestigiosas ONG´s dedicadas a la transparencia en la gestión pública, como modelo de participación popular y de controles institucionales eficaces.

En el debate respecto del Consejo de la Magistratura defendimos un dictamen propio, recogiendo los distintos aportes de organizaciones sociales como el CELS, y enfrentamos la posición del Grupo “A” (con el acompañamiento del sector liderado por Pino Solanas) de disminuir sustancialmente la participación de los sectores representativos del voto popular y aumentar la presencia corporativa, hasta el punto de darle quórum propio a esta última. Propusimos una integración del organismo equilibrada, incorporando una mejor representación de las minorías e impulsamos una serie de medidas vinculadas a la transparencia en el funcionamiento del organismo.

Estamos ahora en vísperas de otro debate central que se vincula a las llamadas “Facultades Delegadas”, que caducan el 24 de agosto. Entre ellas está, principalmente, la facultad de fijar derechos de exportación (retenciones) e importación. Ya diversos sectores que conforman el mencionado Grupo “A” están pensando, una vez más, en disminuir las retenciones a la soja, continuando la fuerte disputa por la resolución 125. Nuestro bloque tiene una posición clara al respecto, al defender la facultad del Poder Ejecutivo para imponer retenciones, en tanto las mismas son un instrumento de política económica que no sólo apunta a la política fiscal y a una mirada popular y progresista en materia de redistribución de los ingresos, sino también a la defensa de los precios internos para los consumos de los productos del campo para todos los argentinos.

“Otros muchos debates y desafíos estamos atravesando. Entre ellos, se destaca la recientemente sancionada ley de igualdad en el matrimonio para todas las personas sin discriminación por su orientación sexual. La iniciativa aprobada fue presentada por nuestro bloque y significó un hito en la lucha por la igualdad y la no discriminación”.

En el debate acerca del aumento jubilatorio también hemos sido consistentes con nuestra historia: establecer el 82 % móvil de las jubilaciones mínimas es justo y posible. Creemos que es necesario debatir y determinar las fuentes de financiamiento, entre las cuales proponemos la restitución de los aportes patronales a los niveles anteriores a 1993 y una reforma tributaria para la eliminación de las exenciones del impuesto a las ganancias. Rechazamos, por cierto, el uso de una demanda justa y sensible de nuestros abuelos por parte de la derecha conservadora, que históricamente ha tenido a la tercera edad como variable de ajuste y que ahora pretende otorgar un aumento sin buscar cómo financiarlo, con el grave riesgo para todos los argentinos, incluidos los jubilados, de desarticular las cuentas públicas con un fuerte agujero fiscal.

Estamos en el camino que queremos transitar, defendiendo las medidas de fuerte contenido popular, de redistribución del ingreso y de mejora institucional, e incorporando el perfil propio de nuestra fuerza, respecto a la conquista de derechos sociales y a la mejora de la calidad de nuestra democracia.